Ética

El Congreso de la República, una vez más, muestra que su accionar está divorciado de la ética. Su reciente decisión de abrir investigación contra Alberto de Belaunde serviría para una clase de deontología –rama de la ética que se concentra en el deber ser de un profesional– para hacer una valoración de la labor de los parlamentarios y el cumplimiento o no de sus funciones.

Se trata de un buen ejemplo, pues resulta fácil entender que la reacción del congresista de Belaunde, durante las protestas contra el golpe de Estado perpetrado desde el Congreso, responde a una ética profesional humanista. Por el contrario, la decisión mayoritaria de la comisión en cuestión responde a intereses subalternos. Para decirlo con claridad: la votación hecha por los representantes de los grupos del bloque político que promovió la vacancia de Vizcarra en contra del congresista de Belaunde es una venganza política.

Esto no es una novedad en el Congreso. A Indira Huilca y a mí nos abrieron investigación por sumarnos a la campaña #PerúPaísDeVioladores. Decisión cínica de los miembros de esa comisión que acababan de archivar de oficio una denuncia contra un parlamentario que había llamado prostituta a una funcionaria pública.

Esta doble moral es una constante en el parlamento. Apañar actitudes contrarias a la ética y amenazar con sancionar expresiones o acciones que cuestionan el poder. Y eso es lo que hizo el congresista De Belaunde, al expresar su preocupación por la situación de manifestantes reportados por familiares como desaparecidos, cuestionaba la toma del poder de Merino y sus socios.

Las protestas que se sucedieron luego de la vacancia de Vizcarra no pueden ser leídas como “una protesta más”. No solo había un acto del Congreso carente de legitimidad que generó rechazo ciudadano. Estábamos ante un golpe de Estado. Aunque no quieran reconocerlo quienes lo promovieron. Lo que hubo en el Perú, por un breve tiempo, fue la captura del Poder Ejecutivo al margen de la voluntad popular.

Como se ha señalado en el informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las protestas en el Perú contra Merino, las acciones de la policía para la represión de los manifestantes “incurren también en el incumplimiento con todas las medidas necesarias para prevenir desapariciones forzadas”; líneas seguidas señala que “por su naturaleza preventiva, las obligaciones en materia de desaparición forzada rigen con independencia de si una desaparición se haya configurado o no”.

Lo más probable es que esta investigación no llegue a más. Pero es fundamental levantar la voz para mostrar la irracionalidad de la medida y su componente vengativo. Recordemos que alguna vez el Congreso ha usado denuncias en la Comisión de Ética para sancionar a quienes consideran enemigos políticos, como ocurriera con Javier Diez Canseco.