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Seguridad ciudadana y planes de Gobierno

“El Estado ha retrocedido y le ha concedido el territorio y la responsabilidad de garantizar la seguridad a otros agentes y actores fácticos”.

Por: Rubén Vargas Céspedes

El análisis de las propuestas electorales muestra el predominio de medidas como: el endurecimiento de penas, el aumento de presupuestos logísticos y operativos para la policía y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, después de cada elección, pocas medidas llegan a ser puestas en práctica y, las que pudieron aplicarse, tienen resultados heterogéneos. Así, los problemas persisten y la inseguridad objetiva (victimización) y la subjetiva (percepción) siguen creciendo, generando reclamos absolutamente legítimos de la población. ¿Cuáles son los lugares más comunes por donde transitan los candidatos con sus propuestas en esta materia?

Diríamos que son tres: primero, el repetitivo inventario de propuestas electorales, en el que prima un ineficaz populismo penal. Se plantean medidas para las campañas, que en la práctica son inviables o escasamente efectivas. La evidencia demuestra que la creación de nuevos tipos penales y el endurecimiento indiscriminado de las sanciones no reducen directamente la incidencia de los delitos ni la preocupación de los ciudadanos.

A lo sumo sobrecargan más el sistema de seguridad y justicia que, además, ya se encuentran peor que los hospitales atendiendo a pacientes con Covid. Segundo, se observa que en los planes de gobierno de muchos candidatos sus propuestas aparecen desconectadas entre sí, y sin evidencia del impacto que tendrán sobre el delito y la violencia real. Se trata de propuestas genéricas que no sustentan cómo responden de manera directa a problemas concretos. Tercero, los capítulos sobre seguridad ciudadana no evidencian cuál es su conexión con el resto de la propuesta electoral.

La violencia y la inseguridad son problemas que afectan otros aspectos de la gestión: influyen en la viabilidad de proyectos de inversión, representan barreras para la provisión efectiva de servicios públicos, minan los emprendimientos personales de los ciudadanos, afectan su vida e integridad física, así como generan daños en el ambiente.

Pensamos que un plan de gobierno que busque responder de manera efectiva al crimen, la violencia y la inseguridad debe tener en perspectiva aquellas consideraciones. Eso significa entender la seguridad en tanto derecho y en tanto servicio público. Como derecho: el Estado debe garantizar que los individuos y las comunidades vivan libres de las amenazas y riesgos que les impidan desarrollarse. Como servicio público: implica la implementación de medidas que respondan de manera concreta e integral a aquellas amenazas y riesgos que afectan el acceso a otros derechos y servicios, que afecta el desarrollo de las actividades sociales y productivas.

Sin embargo, la constatación es que esos principios (sobre los cuáles se fundó el Estado moderno) no son tomados en cuenta. La evidencia permite señalar lo siguiente: hay una alta incidencia de delitos, de violencia, y de proliferación de economías ilegales que ahora no solo se ufanan de su poder económico sino también del político.

Vivimos en una sociedad atravesada por la violencia y el delito en muchas de sus manifestaciones. El Estado ha retrocedido y le ha dejado el territorio y la responsabilidad de garantizar la seguridad a otros agentes y actores fácticos: ha dejado espacio a las grandes organizaciones criminales que controlan gran parte del país (minería ilegal, narcotráfico, tráfico de madera, contrabando, tráfico de terrenos) y a las bandas criminales (que extorsionan y cobran cupos a condición de no ejercer la violencia). El Estado también le ha dejado la responsabilidad de la seguridad a la empresa privada.

Esta seguridad cuesta mucho dinero al país, a los propios empresarios y a la ciudadanía. Ello obliga a que seamos cada uno y cada una la que se asocie para garantizar la seguridad de nuestra casa, de nuestra cuadra, de nuestro barrio. Se trata de una premisa errada que señala que cada quien es responsable de la seguridad, cuando el principal responsable es el Estado.

En suma, de manera recurrente y endémica el Estado ha retrocedido. Pero el Estado debe regresar: un Estado fuerte, sólido y que no le cargue arbitrariamente la responsabilidad de la seguridad al ciudadano. Necesitamos un Estado que se haga responsable de nuestra seguridad. Señor@s candidat@s tienen que entender que la seguridad es un servicio público básico (como lo es la educación y la salud) y ustedes están en la obligación de presentar sus propuestas considerando que este problema nos exige respuestas eficaces urgentes y, claro está, no tenerles miedo a las inexorables reformas institucionales de aquellas responsables de proveer seguridad, justicia y rehabilitación.

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