Encubrimiento y omisión en el 14/11

La recuperación de la carretera en Trujillo ocasionó tres muertes. La represión a las movilizaciones ciudadanas de noviembre en Lima dos. Las investigaciones iniciadas por la muerte de Jorge Muñoz, el 3 de diciembre en Chao, víctima de un disparo de pistola, han permitido identificar un probable autor del disparo, el suboficial Hoyos Agip. Una fotografía tomada por Iván Orbegozo ha permitido hacer lo propio en el caso de las dos muertes del día 30, atribuidas al suboficial Bueno Alva. En ambos casos los hechos revelan el uso de pistolas fáciles de identificar que fueron expresamente prohibidas por la propia Policía antes de la recuperación de la carretera. Había entonces órdenes que no fueron obedecidas. Así las cosas en ambos casos parecen mostrar eventos de responsabilidad individual; dos agentes de la Policía sin conexión entre sí emplean armas prohibidas y disparan sobre personas a las que no había por qué matar.

Al otro lado, las investigaciones sobre la represión de las protestas de noviembre en Lima parecen enfrentar riesgos distintos. Más allá de la buena disposición que muestra la Fiscalía, Ronald Gamarra, que defiende a los deudos de una de las víctimas, ha denunciado públicamente el riesgo de que las investigaciones se empantanen. Los sucesos de Lima no corresponden, como los de Trujillo, al comportamiento individual de agentes que pierden el control y disparan sus armas. Las evidencias halladas en los cuerpos de los manifestantes revelan el uso de municiones de plomo y vidrio en un contexto en el que no ha habido nada semejante a una lluvia de piedras empleada como ataque. Y el evento fue televisado y registrado en video por suficiente tiempo para hacer obligatorio a los mandos interrumpir la represión, evitar que ocurra lo que estaba pasando ante nuestros ojos.

A pesar de las evidencias, la Policía se empeña en negar el uso de las municiones halladas. Y en el relato de Ronald se aprecia una Fiscalía que, con la mejor intención, parece buscar las evidencias de un caso perfecto en los archivos en los que esas evidencias no están o quizá jamás estuvieron. Eso como tratar de saber qué había dentro de las cajas que los subordinados del fiscal Chávarry retiraron de las ofi cinas lacradas por el fiscal Pérez en enero de 2019. Enorme esfuerzo inútil.

Las municiones de plomo y vidrio existen; los videos muestran un ataque frontal de la Policía a los manifestantes; los testimonios recogidos permiten reconstruir las circunstancias en que se perpetraron los disparos y el intento de secuestrar los restos de las municiones extraídas de los cuerpos de los manifestantes. Parece imposible identificar de qué escopeta salió qué proyectil; dónde se almacenaban esas municiones antes de los hechos, quién autorizó que se les emplee y porqué. Se trata de elementos que ni siquiera estaban registrados en los arsenales formales de la Policía. Pero fueron usados. Las evidencias de su presencia están ahí, el intento por eliminarlas también, la omisión perpetrada al no detener el operativo está y no existe una teoría que explique su presencia distinta a la de una decisión de respaldar los hechos y encubrir a los autores directos.

Enorme paradoja. La negación intenta dejar las cosas en la bruma. Pero la negación es precisamente la evidencia que permite, haciendo la diferencia con los sucesos de Trujillo, organizar un caso sobre la responsabilidad de los superiores a cargo del operativo sin necesidad de identificar a los perpetradores directos de los crímenes cometidos.

A veces el caso perfecto no es el que completa todos los requisitos del manual. A veces el caso perfecto es el posible, el que logra presentarse ante los tribunales a tiempo para dejarnos sentir que la justicia aún puede alcanzarse.