Complejidad económica y la reforma del Estado

Por: Marcel Ramírez (*)

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? señalaban que la institucionalidad tiene tres características clave: “Reforzar los derechos de propiedad para incentivar la participación económica, restringir el poder de políticos y élites, y asegurar un cierto grado de igualdad y acceso a las mismas oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Estos son los cimientos que aseguran el desarrollo sostenido de una economía”. Institucionalidad = reglas de juego formales e informales.

Por otro lado, la teoría de la complejidad económica (Ricardo Hausmann y César Hidalgo) se basa en la idea de que la producción de bienes y servicios requiere no solo de materias primas, mano de obra y maquinarias, sino también de conocimiento tácito necesario para combinar estos elementos dentro del contexto de una unidad productiva.

El know-how requerido por la mayoría de las actividades económicas se adquiere mediante la experiencia y resulta de la combinación colectiva de distintas capacidades. Según esta teoría, la base del crecimiento económico reside en las capacidades productivas con las que cuenta un territorio para producir mayor variedad de bienes y, a la vez, productos cada vez más complejos.

¿Cuál es la relación entre la Complejidad Económica (CE) y las instituciones? Aprovecharé la CE para justificar la urgencia de una reforma del Estado entendiendo al Estado como un agente que tiene una función de producción que, gracias a los recursos fiscales, combina factores de producción en productos (bienes y servicios) que son entregados a los ciudadanos para generar bienestar. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué tan “institucionalmente” complejo es nuestro Estado?

Según el Índice de Competitividad del World Economic Forum (WEF), las instituciones en el Perú son de las más precarias si las comparamos con las de nuestros pares regionales. En el 2019, el Perú se ubicó en el puesto 94, cuatro posiciones menos con respecto al año anterior.

Esta debilitada institucionalidad nos da a entender que el Estado peruano está lejos de la “complejidad institucional”, es un Estado “básico”.

Es decir, se manifiesta como reactivo (resolución de problemas al estilo “bombero”), carente de anticipación estratégica (privilegia el corto plazo frente a una visión de largo plazo), no advierte de la baja calidad del crecimiento (baja productividad, elevada informalidad, baja competitividad, escasa movilidad social, etc.), propicia una permanente sensación de problemas que nunca se resuelven, así como de brechas que nunca se reducen.

La próximas elecciones son la oportunidad para recuperar una senda de crecimiento sostenido de la economía peruana; se tendrá que construir resiliencia abordando desafíos estructurales en instituciones, eficiencia del Gobierno, corrupción e infraestructura.

(*) Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico