Rosa Palacios

Rosa María Palacios

Contracandela
Lima, 1963. Abogada por la PUCP y Máster en Jurisprudencia Comparada por la Universidad de Texas en Austin. Su área de especialización es el periodismo político y divulgación jurídica con más de veinte años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Es docente de la PUCP en la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

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¿Cómo se resuelve el golpe?

“El problema es que muy pocos candidatos presidenciales pueden hacer suya esta posición porque fueron muy pocos los que tuvieron las agallas de protestar oportunamente”.

Mientras que el Congreso se esmera en una carrera acelerada de proyectos clientelistas, la campaña comienza a encimarlo con sus promesas más interesantes. Es una competencia que el parlamento saliente nunca gana porque los candidatos de abril van al recambio tanto de ejecutivo como de legislativo y sus planes tienen más para ofrecer que los proyectos de ley de una bancada de salida.

En ese contexto, la propuesta de campaña de Susel Paredes (número uno por Lima del Partido Morado) cae como una bomba en el Congreso. A diferencia del “pasemos la página” de Sagasti, ella ofrece un bien muy valorado por el elector: justicia. Una justicia que buscará, de ser elegida, llevar a Manuel Merino y a los 105 congresistas que dieron un golpe de Estado a un proceso judicial.

Si bien no ha dado los detalles, las vías para hacerlo son bastante evidentes. Un proceso penal por sedición y conspiración para cometerla, primero sometido al antejuicio parlamentario, y luego llevado ante la Corte Suprema. Solo con la primera etapa tendrá una gran victoria y un potente mensaje quedará de lección: no se puede ignorar la Constitución y usarla al antojo de la ambición de un grupo, para derrocar a un presidente.

La propuesta de Susel Paredes es atractiva para cualquiera que ocupe el puesto de presidente del Perú, en tanto no se cierre la puerta que abrió el Congreso indebidamente y que somete a todos los futuros presidentes a la inestabilidad total.

El problema es que muy pocos candidatos presidenciales pueden hacer suya esta posición porque fueron muy pocos los que tuvieron las agallas de protestar oportunamente. A saber, solo Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Lo de Forzay fue tardío y muy enrevesado como para ser creíble. El resto creyeron que protestar por el abuso era protestar por Martín Vizcarra y se quedaron callados. Gran error político.

Los ocho partidos que votaron a favor de la vacancia llegan golpeados a la campaña y sin nada que ofrecer en este tema que será, sin duda, un eje del debate. La pregunta se hará muchas veces: “Señor candidato, ¿qué haría usted con los golpistas en un próximo gobierno?”. Un pseudodemócrata quedará fácilmente desenmascarado y a un golpista arrepentido no le alcanzará con la flagelación pública.

En esta situación, ¿qué le queda al actual Congreso? Su radicalización en el error político. Algunos podrían iniciar procesos señalando cabecillas y alegando confusión o engaño. No lo harán. La estrategia de Merino “aquí no hubo nunca un golpe de Estado” es, por ahora, respaldada por sus pares. ¿Cómo ganar entonces el favor popular?

Disparando toda clase de proyectos inconstitucionales y sin financiamiento alguno, pero con alguna clientela que lo recibe, por unas semanas (hasta que se den cuenta del engaño), alborozada.

¿Saben la salvajada de gasto público que significa “devolver” fondos de la ONP? ¿Han aprobado presupuesto para nombrar de forma permanente a 300,000 trabajadores temporales del Estado en régimen CAS? ¿Saben cuánto cuesta crear un distrito? ¿Han mejorado las remuneraciones de los trabajadores agrícolas? ¿Tienen una idea del costo social de formalizar al taxi colectivo como medio de transporte de pasajeros urbano e interprovincial?

Hace unos meses se podía creer que no lo sabían. Pero en estos, y en otros casos como la eliminación de peajes, se les explicó hasta el cansancio que no podían (la Constitución lo prohibía) y que no debían (no hay presupuesto que aguante). Saben sus limites y los rechazan con alevosía y contumacia.

La separación de poderes, forma básica de la democracia, establece un sistema de contrapesos por el cual ningún poder es ilimitado. El legislativo puede seguir actuando como si sus límites constitucionales no existieran, pero los otros poderes del Estado deben recordarle, en un Estado de derecho, que tarde o temprano, van a tener que responder.

Mientras tanto, veremos más insultos y diatribas de Merino y sus golpistas. Agosto del 2020 está a la vuelta de la esquina; pero antes, el 11 de abril, veremos si el pueblo les manda sus cariñosos saludos apoyando a los que no dejaran un golpe de Estado sin sanción, uno de los peores abusos, hasta hoy impune, de nuestra historia reciente.

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