Marisa Glave

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(Des)confianza

“Al momento de cerrar este artículo su padre reclamaba porque no le daban mayor información y él quería el cuerpo de su hijo”.

Ayer el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete Bermúdez. Fue una mañana tensa. En varias redes sociales se corría el rumor de un reagrupamiento de las fuerzas golpistas en el parlamento, en miras de dejar sin piso al presidente Sagasti.

Los rumores reflejan una enorme desconfianza sobre la clase política nacional. Aún sigue viva la memoria del golpe parlamentario que puso a Merino en palacio de gobierno. Acción que había sido considerada tan improbable –dadas las declaraciones y compromisos públicos de los líderes políticos de las bancadas parlamentarias– que se rechazó la medida cautelar presentada por el entonces presidente Vizcarra pues se consideraba que “no había riesgo”.

Esta confianza parlamentaria da un respiro al nuevo gabinete. Pero el señor Sagasti debe saber que el parlamento no es su aliado. No es presidente porque el parlamento lo eligió, es presidente porque la ciudadanía movilizada a nivel nacional decidió censurar a Merino y frenar la estrategia golpista. Si pierde la conexión con la calle y le resta importancia a la gente que le puso freno al bloque político que asaltó el poder, se quedará sin oxígeno. Ojalá no repita los errores de PPK y entienda que arrodillándose no solo no los ablandará, sino que perderá apoyo ciudadano.

En este momento hay dos encrucijadas que exigen decisión de este gobierno de emergencia, más que de transición. La primera está relacionada con la Policía Nacional del Perú. La salida de Vargas muestra improvisación en la decisión de remoción de generales, pero la designación del ministro Aliaga parece un retroceso frente a la posibilidad de al menos sentar las bases de una modernización de la institución, ya que no se atreven a hablar de reforma.

Un solo día en el cargo del nuevo ministro y ya tenemos una acción policial de represión en el norte, que termina con el asesinato de un joven de 20 años, Jorge Muñoz Jiménez, quien salió a protestar por su derecho a un trabajo digno. Al momento de cerrar este artículo su padre reclamaba porque no le daban mayor información y él quería el cuerpo de su hijo. La reforma policial no puede esperar mucho más. Se requieren medidas de investigación y sanción, también en este caso, así como en los casos de Inti y Bryan.

Y la segunda encrucijada se abre en torno a la norma de promoción agraria, que incluye un régimen laboral que legitima la explotación. Si bien la decisión está en el Congreso, el Ejecutivo tiene que tener una posición más clara y sobre todo comunicarla. Pese a la urgencia, ayer no hubo acuerdo entre los representantes del ministerio de economía y de trabajo con las comisiones del Congreso encargadas de ver la derogatoria parcial o total de la norma. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos y eso está mal. El gobierno de emergencia debe, como prioridad, mantener un canal de información permanente, la desconfianza ciudadana es muy grande.