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Constitución: no reinventar la rueda

“El tema no es nuevo, aunque, es verdad, llama mucho más la atención en tiempos de crisis. Es un error pensar que se planteó públicamente recién al estallar las protestas...”.

Lo de una nueva Constitución -o la reforma de la actual- está nuevamente sobre el tapete. Aunque, pensándolo mejor, lo que parecería una novedad, en realidad no lo es. El asunto se viene tratando abiertamente desde hace veinte años. Sin embargo, es verdad que la amplitud de temas que abarca fue “ninguneada” por casi todos los gobiernos con excepción del de Valentín Paniagua y fragmentariamente por el de Vizcarra (y a la hora nona por la actual comisión de Constitución del Congreso).

Es importante recordar tres cosas sobre lo andado en este asunto; que saca chispas a algunos.

Uno: el tema no es nuevo, aunque, es verdad, llama mucho más la atención en tiempos de crisis.

Es un error pensar que se planteó públicamente recién al estallar las protestas masivas contra la usurpación gubernamental por Merino y adláteres el mes pasado.

Parte del error es imaginar que cuando se habla de esta reforma, eso apunta medularmente al “modelo económico” contenido en la Constitución de 1993; y casi nada más. El aspecto económico, sin embargo, es solo uno de tantos. Aunque, es verdad, la dramática situación del sector salud y de la educación ha puesto a la orden del día la revisión del facilismo de un Estado ausente con el envoltorio de su función “subsidiaria”. No se puede negar que hay normas constitucionales al respecto que tendrían que ser revisadas, lo que no es sinónimo de propugnar el estatismo.

Dos: la experiencia ha demostrado que un gobierno de transición sí puede aportar en esta reflexión y tener iniciativas importantes. El gobierno presidido por Valentín Paniagua, con tiempos y agenda acotados por las circunstancias, ejerció su liderazgo político democrático en este tema. Como se dice en el argot taurino, le entró al toro adoptando la decisión política de conducir ese proceso promoviendo un debate organizado que culminó en un elaborado y amplio documento de propuesta.

Y lo destaco, no porque me correspondió un papel en la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional, sino como ejemplo de cómo este tema puede ser, primero, tratado fructíferamente en una amplia, plural y numerosa comisión. Segundo, por el contundente y amplio informe presentado al concluir sus funciones en julio de 2001 con numerosas propuestas sustantivas.

Tres: se pudo mirar más allá de la coyuntura febril y se dejaron propuestas concretas de reformas y criterios que apuntaban más allá de la coyuntura. Los tiempos convulsionados (2000-2001), de conspiraciones golpistas mil contra la transición, de unos Montesinos y Fujimori prófugos de la justicia, de un SIN cuyos tentáculos aún operaban, no impidieron ver el bosque. La propuesta de la Comisión abordó en sus 100 páginas todos los temas que podrían ser materia de revisión con una columna vertebral de lineamientos de reforma en torno a los derechos humanos, la economía social de mercado y reformas en las instituciones públicas fundamentales. Le planteaba al país, operativamente, tres rutas posibles de reforma constitucional.

Recordar esto es bueno. No porque veinte años después se pueda hacer un simplista “copy paste” de lo entonces propuesto. Han cambiado varias cosas y algunas pocas reformas se hicieron en los veinte años que siguieron. Ciertos espacios de reforma, sin embargo, se desaprovecharon cuando hubo las circunstancias propicias. Por ejemplo, cuando creo la Junta Nacional de Justicia no se eliminó el cuestionado y nefasto sistema de “ratificaciones” judiciales cada siete años (154 de la Constitución) que choca frontalmente con los estándares internacionales más elementales y obvios sobre independencia judicial.

Algo a destacar: en contextos muy complejos un gobierno democrático sí puede encauzar, con valores y principios ídem, algo tan importante como un debate sobre una reforma constitucional.

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La República

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