El “chip 1993”

En la Constitución de 1993 la subsidiariedad solo aparece una vez, en el artículo 60, de la actividad empresarial del Estado. El concepto no tiene que ver con lo que comúnmente se entiende por subsidio, por ejemplo, una exoneración tributaria a una actividad empresarial (no pago del IGV o de aranceles) o la rebaja en el precio al consumidor, como el “vale” de 16 soles que el FISE otorga a los pobres para el balón de GLP.

El art. 60 se entiende así: el Estado solo podrá realizar actividad empresarial donde el privado no desee o no pueda hacerlo: por ejemplo, si las líneas privadas no quieren ir a Chachapoyas porque no es rentable, entonces, de manera subsidiaria (o residual) una estatal podría hacerlo. Además, necesita una ley expresa.

Pero sería un error creer que solo se limita a la actividad empresarial. Sin decirlo, se extiende a casi todo, incluida la educación y la salud. Y se lee así: los privados se ocupan de la educación y solo allí donde no llegue el privado, entra el Estado de manera subsidiaria. Miren ustedes.

Claro, el fraseo final en educación –y también en salud– no lo dice así. Pero era lo que se buscaba. En 1996 el DL 882 estableció que para modernizar el sistema educativo intervenga el sector privado con inversiones a cambio de beneficios tributarios (aranceles, IGV e impuesto a la renta).

Así, dice INEI que la matrícula escolar privada aumentó 106% de 1990 al 2018; en el mismo periodo la pública cayó 23%, de 3.4 a 2.6 millones de alumnos (ver gráfico). Peor les fue a las universidades: subieron 106% los alumnos de las privadas del 2007 al 2017 (de 363,000 a 965,000, ya sabemos la “calidad” de algunas), mientras que las públicas solo aumentaron 10% (de 286,000 a 314,000).

El problema no está en que crezca la educación privada (hay muy buenas universidades y colegios privados), sino en el “chip 1993” de la subsidiariedad, que comienza en el MEF, con lo cual degrada e insulta la educación de las mayorías, mientras que la pandemia agranda la “brecha digital”.

Las universidades estatales cada vez tienen menos ingresos públicos y, para colmo, el grueso de los S/ 800 millones anuales de Beca 18 va a las privadas. Lo mismo hace el “chip 1993” con la salud, donde nuestro gasto total per cápita es más bajo que el promedio de América Latina, incluidos Chile, Colombia y México.

Pero el “chip 1993” va más allá. En el contrato que Proinversión elaboró para Bayóvar en el 2005, el postor podía decidir si exportaba los fosfatos como roca o si hacía una planta de fertilizantes. El privado prefirió la roca. ¿Y los fertilizantes más baratos para nuestros agricultores? “Oiga, Ud. no entiende nada. La decisión del privado siempre es la que más nos conviene”. Hay mil ejemplos más.

Lo mismo con la inversión pública, que disminuye en términos relativos. ¿Por qué? Porque “mejor son las APP”, donde las empresas privadas construyen obras públicas con el dinero del Estado. En el Plan Nacional de Infraestructura hay S/ 100,000 millones y 66% va para las APP. Otra vez el “chip 1993”. Y no se dice nada de la corrupción que, es cierto, está a ambos lados de la mesa.

Resumiendo, no es cierto que los mercados libres son creación espontánea del orden natural y saben lo que es bueno y necesario. Se amamantan y crecen con el Estado. Eso hay que cambiar: el Estado debe impulsar la diversificación productiva y tener empleos formales –para que quienes salen de la pobreza no sigan siendo informales–.

Dejados a su libre albedrío, los mercados libres generan crecimiento (cuando hay vacas gordas) pero no resuelven las necesidades claves de la gente, salud, educación, infraestructura, cuya carencia es el punto de partida de la desigualdad. La pandemia ha desnudado las consecuencias de la subsidiariedad del Estado (como en Chile, aunque estamos lejos de ellos) y el “falso delivery” del neoliberalismo. ¿No les parece?