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Construcción y corrupción

“Así las cosas, lo que no es difícil es adivinar el destino de Martín Vizcarra después del 28 de julio del 2021. Mientras tanto, amarren los caballos que, para vacancia, tampoco hay materia esta vez”.

Los graves hechos de corrupción reconocidos por las empresas constructoras de Brasil a nivel global han dejado secuelas que aún no se terminan de resolver. En el Perú, en particular, las escasas acusaciones formalizadas luego de cuatro años de investigaciones dan para escribir un estudio sobre el retardo en la administración de justicia.

Sin embargo, fuera del espacio judicial quedan otras preguntas que han resurgido esta semana. El gasto del Estado siempre ha estado asociado al favorecimiento ilícito de intereses particulares. Es de lamentar, pero así es. Muchas estrategias se han desarrollado, no solo en el Perú, sino en el mundo, para atajar ese peligro latente. Pero ¿es en particular la contratación de obra pública, por razones estructurales, inevitablemente corrupta? En una de sus declaraciones a los fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht lo dijo en estos términos: “No fue Odebrecht quien inventó la ilicitud”. Razones no le faltan. El “Club de la Construcción”, de constructoras de capitales peruanos, operó en la misma estructura de cartel y reparto de coimas que sus pares brasileros. Con montos más modestos y otros porcentajes, pero el mismo esquema de corrupción.

El famoso “10%” de encarecimiento de cada oferta en cada obra local ha sido práctica consuetudinaria en el Perú como “usos de la industria”. El contratista encarece su postura inicial (o lo hace luego mediante adicionales de obra o ampliación del contrato) y ese monto extra (o parte de él) pagado por el Estado regresa al funcionario que aprobó la contratación. El receptor no solo cobra para sí. Hay una escalera de funcionarios, hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados que también recibe su “alita”. Por “aceitar”, por firmar o por callar. Así, el contratista no pierde nada. Se convierte en la correa de transmisión del dinero público al funcionario público. ¿Con qué incentivo? El de ganar el contrato.

Aunque profundamente inmoral, esta ha sido la manera en que ha operado la industria de la construcción grande o pequeña. Cuando los montos se volvieron monstruosos por los apetitos brasileros, el esquema se sofisticó, pero, a la larga, terminó explotando. Y aquí viene la pregunta que es el elefante en la cristalería. ¿Puede una mediana empresa de construcción en provincias quedar libre de toda sospecha en estas materias? Las constructoras pequeñas concursan en obra pública pequeña, sea municipal, distrital, provincial o proyectos especiales. ¿No hay ahí esquemas de corrupción que pasaron inadvertidos por lo insignificante de los montos en comparación con obras de gran envergadura? Una cosa es construir una irrigación y otra levantar diez aulas, pero ¿no son las mismas mañas? No es posible condenar a nadie sin pruebas, eso es cierto. Pero partamos de una realidad: el negocio personal del actual presidente, quien durante más de veinte años fue constructor en Moquegua, pertenece a una industria profundamente corrupta. Su mejor defensa es su tamaño. Los grandes solo requieren subcontratar algunos servicios de los más pequeños. Eso, en obra grande, los deja fuera del mayor beneficio, pero no desconocen dónde queda este.

Sin embargo, la imputación de un olvidadizo y tardío colaborador eficaz (aspirante desde el 2018) es que Vizcarra, estando del otro lado de la mesa, no quiso ser correa de transmisión sino beneficiario. La participación de UNOPS (uno de los más efectivos mecanismos internacionales diseñados para reducir corrupción y, nada es casual, muy combatido por la Contraloría modelo Alarcón) reduce muchas oportunidades a la corrupción, pero no las elimina todas si es que el funcionario trafica con información confidencial, como señala el colaborador eficaz.

¿Hay certezas? Ninguna. Pero, en el duro oficio de expresidente peruano, hay uno preso, otro aguarda su extradición, el otro se mató cuando llegaron a detenerlo, uno más estuvo preso y no puede salir del país mientras espera juicio y el último tiene arresto domiciliario. Así las cosas, lo que no es difícil es adivinar el destino de Martín Vizcarra después del 28 de julio del 2021. Mientras tanto, amarren los caballos que, para vacancia, tampoco hay materia esta vez.

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