Senamhi: alerta roja por fuertes vientos y lloviznas

Persistiendo en la anormalidad

“Sin embargo, la política sanitaria punitiva de este Gobierno, que no quiere cambiar, sigue igual y va para peor: ahora se roba los feriados (haciendo rico al empleador)”.

Está claro que la epidemia peruana de COVID-19 está en retroceso. El Gobierno no da cifras aún sobre la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, existen tres estudios realizados en junio que arrojan resultados importantes. Iquitos tenía 71% de prevalencia; Lambayeque, 30%; y Lima y Callao, 25%. El caso de Iquitos es el de la primera ciudad del mundo en alcanzar inmunidad, no habiendo casi fallecidos por Covid. Si esas eran las cifras a junio, no es difícil calcular las de octubre tomando una tasa de mortalidad de 1% para Lima. A estas alturas, casi la mitad ya se contagió y la mayoría ni se enteró. La extensión de la enfermedad es el primer factor para la caída de muertes y contagios. Pero reconocer esto es reconocer el fracaso brutal de una pésima política sanitaria que nunca tuvo por objeto la inmunidad de rebaño. El Gobierno lo sabe muy bien, pero no lo quiere aceptar. Mientras tanto, ha decidido persistir con la política sanitaria punitiva de control social que tan malos resultados ha dado.

¿Son los mayores de 65 años los más vulnerables? Por supuesto. Lo saben muy bien porque han visto morir a sus parientes, amigos y vecinos. En el papel, han estado encerrados en sus casas más de 200 días. Solo se les permitió ir al médico de emergencia; comprar comida y remedios siempre que vivan solos y, por cierto, cobrar el famoso bono. Hoy se ha publicado una norma que les permite caminar una hora a 500 metros de su casa, pero solo tres veces por semana. A los niños se les permite todos los días. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Cuando la receta médica individual se convierte en norma nacional, se legaliza el abuso.

El abuso y la conculcación arbitraria de derechos fundamentales tiene dos consecuencias. La primera, el incumplimiento masivo. Camino al anochecer en un parque donde grupos de niños se retiran con sus abuelos mientras llegan los paseadores de perros (muchos muy mayores) y las parejitas se sientan en las bancas con (¡horror de los horrores!) las manos tomadas. El vigilante municipal los deja tranquilos. Yo también.

La segunda consecuencia de un abuso es la corrupción. No falta el policía venal que le pide plata a un hombre de 80 años que pasea un perrito para “ahorrarle las molestias”. Pero lo más triste de todo es ser testigo de la indignidad. Una abuela que trataba de comprarle un helado a su nieta, y ella tomarse un café, es impedida de entrar a una cafetería vacía. Con mascarilla, distancia social, lavada de manos y temperatura tomada, es echada a la calle “por su bien”. Los ojos se le llenan de lágrimas de cólera y se va, tomada del brazo de su nieta adulta que no sabe cómo consolarla. ¿Esto es racional? ¿Es proporcional al fin perseguido con la restricción al derecho de tránsito y reunión? Si no es proporcional y razonable, entonces la ley lo prohíbe.

Si esta es la “nueva normalidad”, no gracias. Lo que funciona en el primer mes es un abuso en el séptimo. ¿Puede regresar el mes catorce? Solo si es necesario. Sin embargo, la política sanitaria punitiva de este Gobierno, que no quiere cambiar, sigue igual y va para peor: ahora se roba los feriados (haciendo rico al empleador), prohíbe los autos en domingo como si fueran contagiosos, cierra las playas como si pisar la arena te contagiara de algo maligno en una ciudad con pocos espacios públicos. Abuso y mero control social, sin derechos.

Fácil es callar y aceptar. Difícil es dar la pelea. Espero que el éxito llegue pronto para la acción de amparo presentada por el abogado Enrique Ghersi. Por el bien de las libertades perdidas de nuestros padres, ya es hora. Por las nuestras, deben venir muchas más demandas judiciales.

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