TC: este Congreso debe abstenerse

El actual Congreso −"de emergencia" y que se va en 10 meses− debe abstenerse de elegir a los seis integrantes del Tribunal Constitucional para reemplazar a quienes tienen mandato vencido. No está en discusión que el Legislativo sí tiene la facultad de hacerlo (art. 201 de la Constitución), pero esta vez no debe ejercerla.

Se recuerda, aún, que fue este mismo asunto el que actuó como la gota que rebalsó el vaso del Congreso disuelto, cuando en cuestionada y precipitada elección se quiso elegir expeditivamente… a los integrantes del TC. Empezando, como se recordará, por el primo del presidente del Congreso.

Esa torpe precipitación operó como dato revelador −o “confesión de parte”− de la importancia crucial que tiene el Tribunal Constitucional en la complejidad del equilibrio de poderes en el sistema político nacional. Y lo ha sido siempre. Tanto que llevó a precipitaciones como esa, o a la ilegal destitución por la autocracia de Fujimori −1997− de tres magistrados del TC.

Por tres poderosas razones, el actual Congreso debe abstenerse.

Primero, porque el TC es una institución demasiado importante y trascendental en el equilibrio de poderes. Y lo seguirá siendo en un sistema institucional sin partidos políticos y con sistemas de representación política colapsados. Es un asunto, pues, muy delicado que requiere mucha meditación y cero de “repartijas”.

Es aconsejable que este Congreso transitorio, surgido para cubrir un vacío institucional de pocos meses, acote sus acciones a lo absolutamente impostergable.

Segundo, porque el actual Congreso tiene “pleitos pendientes”, especialmente la demanda competencial generada por el intento de golpe de Estado impulsado este mismo mes por algunos congresistas. No hay que ser mago para saber que en el criterio de selección de quienes controlan esa comisión pesará el futuro curso de la demanda competencial.

Tercero, porque el diseño constitucional es malo. Que la elección de los miembros del TC la haga un órgano político y dada la conducta de nuestros sucesivos congresos, puede tener como resultado una selección en que prevalezcan designados(as) anodinos −por decir lo menos− y criterios políticos de escogencia.

Eso sería muy malo. Podría, pues, este Congreso atenerse, más bien, a diseñar un sistema de designación que surja de un amplio sistema de consultas dada la trascendencia del tema. Puede abrirse un abanico de opciones.

Una primera es que la escogencia de quienes integran el TC se sume a las tareas de la Junta Nacional de Justicia, entidad respetada y apolítica. Una segunda, que se diseñe un “filtro” de muy alto nivel que esté a cargo de una primera selección de candidatos. Instancia que podría estar integrada por personas de muy alto nivel en el mundo del derecho y de la defensa de los principios democráticos, para que haga una primera selección “de calidad” y que ello pase, después, a quien tendría que adoptar la decisión (la JNJ o, si no se modifica la Constitución, el Congreso).

Se trata, pues, de asegurar que se seleccione a las mejores personas. No a “amiguetes” de alguien o a quien haya acumulado más maestrías o doctorados. Me pregunté en una nota en este mismo espacio (LR, 19/12/19) algo fundamental: ¿Puede una mala persona ser un buen juez? Claro que no. Si su conducta y concepciones colisionan con códigos morales de respeto a los derechos de los demás o con los principios democráticos, no podrá serlo ni debería ser alguien a quien se le asigne esa responsabilidad y, menos, la de integrar el más alto tribunal del país.

Es evidente que para que tengamos esa garantía de claridad y transparencia, no puede ser este Congreso el que defina quiénes ocupan esas seis posiciones en el Tribunal Constitucional.