¿Por qué se miente contra el Acuerdo de Escazú?

Debatir sobre temas importantes para el país y la región será siempre útil. Bien, pues, tratar sobre el Acuerdo de Escazú, un acuerdo firmado por 21 países de América en el 2018, cuya suscripción fue respaldada después por la OCDE. En el Perú está pendiente de ratificación por el Congreso, y en ese contexto algunos, con motivos que tendrán que explicar, emprendieron una feroz campaña contra el acuerdo con groseras mentiras.

Las distorsiones han incluido falsedades como que nuestra Amazonía estará sujeta a la Corte de La Haya. En realidad, el tratado, generado en América Latina, se hermana con acuerdos europeos vigentes desde hace años. El Perú participó en todas las etapas de su desarrollo desde el 2012. Fija estándares claros para una mejor democracia y protección ambiental a través de tres herramientas claves: acceso a la información, participación ciudadana no vinculante y acceso a la justicia.

Destaco tres patrañas relevantes con las que se ha tratado de engañar a la opinión pública y al Congreso.

Primera: “Se establecen obligaciones que el Estado no está en condiciones de cumplir”.

No es cierto. Las normas nacionales vigentes ya establecen, desde hace años, obligaciones muy importantes en acceso a la información pública (ley de transparencia), participación ciudadana (ley 26300), medio ambiente (ley 28611) y gestión ambiental (ley 28245). Concordar y afianzar eso con compromisos internacionales sustantivos es consistente y coherente con progresos nacionales que ya existen, y los refuerza.

Además, internacionalmente ya tenemos obligaciones en este terreno, incluso tan o más detalladas que las del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, en el extenso art. 18 del tratado de libre comercio con EEUU vigente desde hace 11 años. Si estamos en condiciones de cumplir eso, Escazú no representa problema. ¿O, acaso, no podemos cumplir con lo pactado con EEUU en el TLC? Sería muy grave afirmar que no.

Segunda: “Se entregará la soberanía de la Amazonía y paralizará su desarrollo”.

El acuerdo no se refiere a la Amazonía, ni siquiera la menciona. Reconoce y reafirma la soberanía de los países en el manejo de sus recursos naturales; establece amplios márgenes de autonomía remitiéndose, siempre, a la legislación nacional. ¿La inversión? El acuerdo la propiciaría. La OCDE recomienda que para lograr una economía responsable y favorecer la inversión, el Perú debería “priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú”. ¿Es la OCDE una organización extremista?

Tercera: “Las comunidades y las ONG tomarán las decisiones y se paralizará la inversión”.

El derecho a participar ya está establecido en nuestra Constitución, así como en el Convenio 169 de la OIT y en las normas nacionales vigentes sobre participación ciudadana. Las decisiones seguirán siendo adoptadas por el Estado. Los defensores de derechos ambientales, operando dentro de la ley, tendrán protección como corresponde a las obligaciones generales de un Estado democrático. ¿Eso está mal?

Llama la atención que la campaña contra el acuerdo se base en mentiras verificables y en engaños. Sin duda deja la pregunta de qué intereses incentivan difundir falsedades sobre este tema en particular.