El presupuesto
La austeridad del año 2021.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y la ministra de Economía y Finanzas sustentaron el proyecto de ley para el Presupuesto Inicial de Apertura para el año fiscal 2021, de endeudamiento y equilibrio financiero. Se inicia con ello un debate que culminará a más tardar el 30 de noviembre, plazo máximo para que el Congreso apruebe las normas presupuestarias y financieras.
La discusión será de carácter extraordinario debido a la crisis económica, la caída de los ingresos públicos y la pérdida de empleos y medios de vida. El desafío es la elaboración de un instrumento de gestión realista y coherente que sea útil a los propósitos de superar la crisis. Simbólicamente, el presupuesto se debatirá y aprobará sin tener la certeza de cuándo remitirá la pandemia y los resultados de la reactivación en marcha.
El presupuesto presentado es austero desde el inicio. Es presupuesto de crisis. Prevé un incremento de 3% respecto al año anterior, el aumento más bajo en los últimos años. Propone priorizar los sectores de Salud y Educación con un aumento de 13% y 4%, respectivamente.
Se espera una discusión madura e informada en el Congreso. Uno de los elementos críticos que ya fue señalado en el Congreso es la disminución del financiamiento de los municipios. En cambio, crecen los presupuestos del gobierno central en casi 5 millones y, ligeramente, de los gobiernos regionales. Es clara la intención del Gobierno de recentralizar en lo posible el gasto, y esta opción debe ser explicada por el Ejecutivo.
Como no podía ser de otro modo, por la caída de los ingresos, el proyecto implica un grupo de recortes funcionales. Habrá mayor austeridad en orden público y seguridad (-4%) y en vivienda y desarrollo urbano (-20%), con los efectos que se presumen en el financiamiento de la policía y de la expansión de los servicios de saneamiento, cuyos planes estratégicos anunciados el año 2016 –Agua para Todos– tendrán que esperar.
Habría que considerar el alto porcentaje del presupuesto que se financiará con endeudamiento externo, 26%, un hecho sin precedentes que elevará la deuda peruana al 38% del PBI, un valor que debe ser vigilado.
Por esa razón, además de aquellas vinculadas a la eficacia de las asignaciones, convienen precisiones en materia de ingresos fiscales, es decir, una ruta más precisa sobre la evolución de la recaudación y una mayor argumentación de las prioridades. En el debate presupuestario, es crucial que los datos sobre los que se tomarán las decisiones no sean subestimados o sobreestimados.
