Marisa Glave

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Trabajadoras

“La lucha de las trabajadoras del hogar y sus organizaciones sindicales es particularmente dura...”.

El Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras del hogar, fue adoptado por los países miembros de la OIT en junio del 2011 y desde ese momento empezó la lucha por su ratificación e implementación.

Hace ya dos años, el 2018, el Congreso de la República lo ratificó por unanimidad, dándole con eso rango constitucional. Pero no se ha plasmado en una ley y por tanto no es exigible por el casi medio millón de trabajadoras (96 % son mujeres) que ven, de manera cotidiana, cómo sus derechos son vulnerados.

El Perú tiene una mala costumbre: ratifica convenios que reconocen derechos que son importantes para sectores vulnerables de la población, pero demora años en implementarlos. El ejemplo más duro es la aprobación de la consulta previa para pueblos indígenas, aprobada por ley el 2011 pese a que ratificamos el convenio que reconocía este derecho en 1994. Este mal ejemplo no se puede repetir. Este sábado, el actual Congreso tiene un Pleno Mujer. Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer, ha enviado una lista priorizando algunos proyectos de ley, entre ellos la Ley de Trabajadoras del Hogar. Si logra entrar o no al Pleno será por decisión de la Junta de Portavoces, en su gran mayoría formada por hombres. Ojalá permitan que cientos de miles de mujeres trabajadoras puedan lograr que derechos tan básicos, como tener una jornada de ocho horas, sueldo mínimo, vacaciones y gratificaciones completas, sean una realidad.

Las trabajadoras del hogar tienen derechos y tienen que poder exigirlos. Esta nueva ley, por ejemplo, permite la tutela urgente inspectiva. Hasta hoy los inspectores laborales, encargados de ver la seguridad y salud en el trabajo, solo pueden ingresar a las casas donde laboran previa autorización del empleador o empleadora, a diferencia de cualquier otro sector laboral, pues se reclama la inviolabilidad del domicilio.

La lucha de las trabajadoras del hogar y sus organizaciones sindicales es particularmente dura, pues deben enfrentar una de las últimas reminiscencias de la sociedad oligárquica en la que la relación con las personas subordinadas es una relación servil, no una laboral, con una alta carga de exclusión y abuso. Que se entienda de una vez por todas, son trabajadoras, son ciudadanas y tienen derechos.