Los sultanes del Congreso

El proyecto original estaba diseñado para prevenir la corrupción de funcionarios públicos. Obligaba a los congresistas a consignar información verdadera en la Declaración Jurada de Intereses (DJI), se le otorgaba potestad a la Contraloría General de la República para verificar los datos y se contemplaban sanciones severas a las autoridades, funcionarios, servidores y candidatos que ocultaban o mentían. Pero el Congreso, a instancias del fujimorista Diethell Columbus, cambió el espíritu de la ley y aprobó un texto diferente. Por ejemplo, si a un legislador se le descubre una casa en Miami que no registró en la DJI, o no mencionó que sus familiares son proveedores del Estado, no intervendrá la Contraloría ni recibirá castigo. Lo que ha aprobado el Congreso es la consagración de la impunidad, en un país donde vive una orgía de corrupción en el contexto de las compras y contrataciones estatales.

¿Y quién otro le bajó la llanta al proyecto original presentado por el legislador Guillermo Aliaga (Somos Perú)? El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), quien contrabandeó un texto sustitutorio para que el propio Congreso fiscalice a sus integrantes. Por si fuera poco, con la nueva norma se dejó sin efecto el Decreto de Urgencia 020-201 9 que determinaba sanciones para los que falseaban in formación en su DJI.

¿Y quién es Alarcón? El mismo congresista contra quien la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha presentado dos acusaciones constitucionales: una por peculado doloso y otra por enriquecimiento ilícito, delitos que presuntamente perpetró durante su gestión como contralor. Lo perpetrado por Alarcón es una suerte de sultanismo. Esto es, como escribió Jorge Basadre, una forma de usar el Estado para provecho propio. Nada más preciso.