Por Paola

Paola Guzmán tenía 16 años cuando se suicidó. Ella era violada desde los 14 año por el vicerrector de su colegio, quien la amenazaba para que no lo acuse. En el colegio varios directivos sabían lo que ocurría, pero nadie la ayudó. Producto de los abusos quedó embarazada y el médico de la escuela accedió a practicarle un aborto a cambio de “favores sexuales”, entonces se quitó la vida ingiriendo pirotécnicos cuando estaba en la escuela. Allí solo le dijeron que “rezara para que pueda ser perdonada”. La niña murió al día siguiente en un hospital.

Su madre presentó una denuncia contra la escuela, pero durante los cinco años que duró el proceso penal, está probado que no hubo ninguna acción legal. La desidia y lentitud de las autoridades judiciales provocaron la fuga del violador y la prescripción de los delitos. En cambio, a Paola se le atribuyó el rol de “seductora” en la causa. Su violador vive tranquilo junto a su familia.

Han transcurrido 18 años y en una decisión trascendental la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso una reparación económica a la familia y ordenó reivindicar el nombre de la niña. Además, reconoce que el Estado violó el derecho a la vida de Paola y le ordena incluir en su malla curricular la educación sexual con perspectiva de género, lo que constituye un importante precedente.

Aunque todo lo relatado ocurrió en Ecuador, no es difícil pensar en situaciones similares en países como el nuestro donde un menor es violado cada dos horas según el MIMP. Por todas las Paolas, sigamos vigilantes, exigiendo cuidado, educación, prevención y, sobre todo, justicia.