Cronograma de retiro AFP, según José Luna

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El Congreso recibe agresivamente al gabinete.

A pocas horas de su presentación en el hemiciclo para debatir la política general del Gobierno y decidir sobre la confianza, el Congreso ha resuelto por 94 votos interpelar al ministro de Educación, Martín Benavides, para que responda no por su gestión al frente de su cartera sino por su desempeño al frente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que digirió hace meses.

El gesto agresivo se adopta a pesar de que semanas antes el mismo Congreso había concedido facultades investigadoras a la Comisión de Educación para que indague sobre las materias de la interpelación. La mayoría de bancadas no esperó a las conclusiones de la investigación que ellas mismas ordenaron, lo que configura de plano un abuso de derecho y una violación del debido procedimiento parlamentario.

Por lo demás, el contenido mismo del pliego no sitúa ante una interpelación que excede e infringe el sentido del control parlamentario de acuerdo a la Constitución. De modo descarado, la medida refleja el tráfico de influencias de los dueños de universidades que no fueron licenciadas y que valiéndose de parlamentarios y de asesores del Congreso intentan derribar la Ley Universitaria; 25 de las 33 preguntas del pliego interpelatorio se refieren a la denegación del licenciamiento de dos universidades.

Los legisladores ligados a los intereses de las universidades con pendientes ante la Sunedu no declararon su conflicto de intereses. Al contrario, bancadas íntegras como Acción Popular, APP, UPP, Fuerza Popular y Somos Perú, con líderes o candidatos presidenciales dueños de universidades, dejaron todo rubor y se aprestan a ejecutar una operación muy reprobable.

La decisión fue adoptada a pesar de que en el debate de la confianza al gabinete los legisladores críticos podían emplazar al ministro de Educación sobre las razones de la interpelación. Al escoger el formato de la confrontación dejan claro que su propósito es paralizar la implementación de la Ley Universitaria.

El marco para el debate luego de la exposición del gabinete sufre, de ese modo, una alteración. El propósito inicial declarado por la mayoría de grupos parlamentarios era llevar a cabo un intercambio que desde la crítica y la colaboración enriquezca la acción de gobierno en esta etapa extremadamente difícil para los peruanos; los enjuagues recientes indican que las prioridades son distintas y que para un sector de representantes del Parlamento, la pandemia o la crisis económica merecen poco interés.