Estado (in)formal

“Vizcarra 3: el último discurso” me ha decepcionado. No por la ausencia de un giro dramático en la coyuntura política, como logró con el anuncio del referéndum para la reforma política o la propuesta de adelanto de elecciones que movieron el piso de la clase política nacional. Sino por su entrega, absurda, al perverso discurso de la formalización de la propiedad urbana que en el fondo promueve la informalidad y legitima el tráfico de terrenos en nuestras ciudades.

Riofrío viene señalando por años que en nuestro país la ausencia de una política de vivienda social no es un descuido del Estado, sino una expresión clara de la voluntad política de nuestros gobernantes y de su desprecio por los sectores populares. Para ellas y ellos no hay planeamiento urbano, no hay ciudad y vivienda, lo que hay es terreno eriazo que deben ocupar como puedan, habilitar con lo que tengan y esperar por años, con paciencia, a que lleguen agua, desagüe y título. Recientemente Espinoza y Fort confirman que más del 90% de la expansión urbana es informal.

Calderón fue uno de los primeros que dijo en voz alta que las nuevas ocupaciones de suelo no tienen detrás actores sociales organizados que reclaman derecho a la vivienda y a la ciudad, sino ciudadanos abandonados a su suerte que caen en manos de traficantes de terrenos. Más que una gesta épica de conquista de derechos, se ha tornado en un esquema de capitalismo informal salvaje, para exprimir la plusvalía urbana futura, aprovechándose de la necesidad de millones de personas.

Estas mafias, que lucran con el justo anhelo de techo seguro, son un gran peligro para dirigentes de asentamientos humanos que buscan ordenar su hábitat, asegurar la prestación eficiente de servicios y proteger lomas costeras y áreas públicas. No creen en nadie, ocupan partes cada vez más inclinadas de las laderas, destruyen ecosistemas y aumentan riesgo por deslizamientos para quienes están en las partes bajas. Amenazan, corrompen y a veces matan a quienes se les oponen.

Presidente Vizcarra deje de hacer lo que se viene haciendo hace más de 20 años. No formalice la precariedad. Proponga una política de vivienda de verdad, que reconozca nuestro derecho a la ciudad en igualdad, trabajando de la mano con sectores populares. Cobremos plusvalías urbanas para frenar la especulación del valor del suelo y generar fondos para el desarrollo urbano.