Más contrarreforma
Cambios para restarle calidad y transparencia al proceso electoral.
El Congreso se prepara para aprobar una norma que impedirá la presentación de varias candidaturas presidenciales, favoreciendo a un grupo de postulantes en desmedro de otros. Esto se desprende de las sucesivas propuestas que se tejen en la Comisión de Constitución, una de cuyas últimas versiones indica que los candidatos presidenciales deberán acreditar seis meses de afiliación a sus partidos, y que los nuevos grupos tengan de plazo hasta que el 31 de agosto para obtener su inscripción y postular a las elecciones del próximo año.
Esta precisión es innecesaria porque introduce un requisito específico y rebuscado que no es inocente. De aplicarse esta condición, no podrán ser candidatos varios de quienes figuran en los primeros lugares en los sondeos de intención de voto, a menos de nueve meses de las elecciones.
No es cierto que esa “reforma” se propone fortalecer el sistema de partidos. Al contrario, se registra luego de que la elecciones del 2021 fueron convocadas, en el mismo sentido interesado que otro cambio operó en las elecciones del año 2016, cuando una aparentemente inofensiva ley fue usada para sacar de la carrera electoral a dos candidatos presidenciales, para favorecer a uno en particular. A pesar de que la operación no tuvo éxito, porque los votos sueltos no fueron a donde se esperaba, sirvió para restarle transparencia a los comicios.
En estos detalles con nombre propio naufraga la reforma política en el Congreso, donde un grupo de partidos pretende legislar no en beneficio de un sistema político predecible y confiable sino para garantizar el mayor margen de acción de las cúpulas nacionales, direcciones que el jefe de la ONPE acaba de revelar solo funcionan en un 50%.
Esta pseudorreforma, o proceso de contrarreforma, no puede arribar a un acuerdo para impedir que postulen a cargos de elección popular personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos porque varias figuras prominentes de los partidos tienen esa condición o pueden tenerla en breve.
En cambio, se propone ahogar la democracia interna en beneficio de la direcciones políticas. Es el caso de la elección de candidatos, donde se prevé darle un amplísima discrecionalidad a las dirigencias, de modo que usen el mecanismo de “un militante, un voto” o mediante delegados elegidos “a través de los estatutos”, dejando abierta la posibilidad de que los delegados los decidan las mismas cúpulas.
Estamos advertidos, se pretende restarle calidad y transparencia al proceso electoral.
