Raúl Tola

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La libertad infectada

La emergencia sanitaria le ha ofrecido el pretexto perfecto para acelerar su escalada autoritaria y ya se habla de la primera democracia europea caída como resultado del COVID-19.

La primera alarma sonó en Hungría donde, con el pretexto de combatir al coronavirus, el Parlamento aprobó una ley que confería poderes ilimitados al primer ministro Viktor Orbán. Mientras esté vigente —no incluye fecha de caducidad—, el país no celebrará elecciones, el gobierno podrá gobernar a golpe de decreto, el trabajo del Legislativo quedará en suspenso y quienes difundan noticias falsas o rumores sobre la pandemia podrán ser penalizados con hasta cinco años de cárcel (una abierta amenaza contra la libertad de expresión, pues la calificación dependerá del gobierno).

Orbán lleva desmantelando la democracia en su país desde su elección hace diez años, concentrando el poder, desequilibrando el juego electoral, haciéndose con el control de los medios de comunicación, interviniendo en la educación y hostigando a sus críticos. La emergencia sanitaria le ha ofrecido el pretexto perfecto para acelerar su escalada autoritaria y ya se habla de la primera democracia europea caída como resultado del Covid-19.

Pero Viktor Orbán no ha sido el único que ha usufructuado la plaga de muerte y desolación del coronavirus para empujar una agenda totalitaria y antidemocrática en su país. Desde China hasta los Estados Unidos, los gobernantes del mundo han aprovechado que la atención estaba centrada en el urgente y complejo combate contra la pandemia para hacer aprobar normas que, en otras condiciones, habrían recibido las críticas y el repudio tanto de sus ciudadanos como de la comunidad internacional.

Uno de los aspectos más delicados de esta avanzada totalitaria es la vigilancia electrónica. Esta ha mostrado su eficiencia para contribuir a aplanar la curva de contagios, pero su empleo ha intensificado el debate entre la salud y la privacidad puesto que, en las manos equivocadas, puede ser el punto de partida para la consolidación de Estados policiales que mantengan a sus ciudadanos bajo una permanente vigilancia.

Estos graves peligros contra la libertad se agravan por la intensa crisis que vienen padeciendo los medios de comunicación, de la que el Perú no se ha salvado. Se ha dicho hasta el cansancio que la verdad es la primera víctima en una crisis como la que vivimos, lo que se confirma con esa epidemia paralela de desinformación —«infodemia»— a la que venimos siendo sometidos diariamente.

En condiciones normales, la respuesta a esta intoxicación de mentiras tendría que ser una prensa dedicada a informar en base a datos objetivos y a analizar con honestidad los sucesos de la realidad.

Pero esta aspiración tan necesaria se estrella contra la dramática realidad de las empresas periodísticas, que languidecen vertiginosamente por falta de avisaje y suscriptores, viéndose en la obligación de desprenderse de su capital más valioso al despedir periodistas y, lo que potencialmente es incluso más peligroso, comenzando a evaluar mecanismos de autocensura para no entrar en conflicto con los gobiernos, en quienes ven su única tabla de salvación.