Violencia constitucional
Uso abusivo del poder y el manejo egoísta de las leyes.
El Congreso ha gestionado una reforma inconstitucional y absurda de la Constitución, acompañada de una exhibición de prepotencia y medianía. Ha despachado en una noche cinco artículos de la carta política, afectando gravemente el orden y equilibrio de las instituciones.
Esta conducta es ciertamente histórica como lo aseguró uno de sus promotores, pero no por razón de su sentido democrático y solvencia política, sino porque será colocada en la galería de actos violentos contra la Constitución. El registro de los hechos tampoco podrá obviar que fue el resultado de una revancha, expresamente reconocida y saludada con alborozo.
El análisis de este exabrupto no deja dudas del calado de estas deformaciones que afectan el desempeño de los tres poderes del Estado y varios organismos constitucionales, entre ellos el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. No obstante, la consigna “si los congresistas no tienen inmunidad, entonces que nadie la tenga” hace presumir que la tensión que promueve la decisión del Parlamento es una amenaza latente para el país en momentos de una severa pandemia y una crisis económica sin precedentes.
Entre las opciones de desarrollo de los acontecimientos se encuentra el progreso de la confrontación. La mayoría parlamentaria se encuentra dispuesta a ello y basa su confianza en los votos agregados de grupos que van desde la derecha hasta la izquierda, unidos por el propósito de que nada estropee sus posibilidades electorales el año 2021.
La otra opción es que el cuestionamiento de la opinión pública, intenso en las últimas horas, logre que se agriete la pragmática alianza que perpetró este despropósito, y el Congreso retroceda en sus intenciones, una muestra de lo cual sería la suspensión de la votación de ratificación de la reforma constitucional, necesaria para que esta se concrete, a la espera de decisiones meditadas y sin calculado perjuicio.
Una tercera alternativa sería el retorno a la racionalidad vía el tratamiento de las tensiones con un espíritu democrático y en el marco del diálogo propio del Estado de derecho. Para ello, además de la movilización de la opinión pública, hace falta la plena disposición de las partes involucradas y la recuperación de los objetivos nacionales prioritarios en esta hora, especialmente la pandemia y la crisis económica, cuyos costos en empleo y pobreza no merecen el espectáculo de los últimos días. No puede ni debe imponerse en estas horas tan duras para los peruanos el uso abusivo del poder y el manejo egoísta de las leyes.
