La encuestofobia

José Málaga (*)

Nadie pone en tela de juicio la indiscutible voluntad, las buenas intenciones y la profunda preocupación del Ejecutivo, del Presidente de la República que nadie discute, en procurar tomar las mejores decisiones. No es ese el cuestionamiento. Son los malos resultados de esas decisiones, muchas veces equivocadas y otras tantas, irracionales, lo que genera frustración y desaliento.

El Poder Legislativo instalado en plena crisis COVID y en el “Pleno” –que dejó, dicho sea de paso, varios congresistas contagiados– debutó con alarmantes embates institucionales. El primero, contra el sistema privado de pensiones, y una casi nula y timorata respuesta del Ejecutivo, mostraron una prueba más de que el Ejecutivo sufre de “encuestofobia”, y alérgico a cualquier amenaza que fuese en contra de su popularidad.

En ese juego en el que están ambos poderes, la bancada de Acción Popular presentó el Proyecto de Ley Nº 05279/2020-CR que establece la condonación, por caso fortuito y fuerza mayor, de intereses en los servicios públicos, servicios masivos, créditos de consumo, bancarios, en instituciones financieras y en establecimientos comerciales con tarjeta de crédito por el COVID-19, haciendo gala de un despropósito que hacía años no contemplábamos.

Los daños que generaría, de aprobarse el proyecto de ley, serían:

(i) El ahorrista, más de 10 millones de peruanos que verán con preocupación que el dinero que tienen en una institución financiera que ha sido prestado a un tercero, corre el riesgo de perderse y en consecuencia, no se les pague el interés que les corresponde por sus ahorros. Y lo que es peor, el riesgo de perderlo por completo si al Congreso se le ocurre una condonación general de deudas, una ocurrencia de la que, al paso que vamos, ya faltaría poco para que se transforme en iniciativa.

(ii) El Estado, si hubiera una situación de desbalance patrimonial en las empresas del sector financiero, tendrá que hacer un programa de rescate financiero, acordémonos de la crisis del 2008 en que los Estados tuvieron que salir a rescatar con trillones de dólares a diversos bancos en el mundo.

(iii) Los seis millones de micros y pequeñas empresas, porque al correr el riesgo de que las entidades especializadas en microfinanzas no puedan contar con sus ingresos para subsistir, corren el riesgo de quebrar al reducirse el mercado de instituciones financieras y quedarán unos cuantos actores con poca oferta para el sector MYPE.

(iv) Las instituciones financieras, sin duda, y empezando por las más pequeñas porque tienen ratios de capital restringidos y que, en caso de producirse el más pequeño desbalance en sus ingresos, se verán afectadas financieramente y con el riesgo de quiebra.

Puedo continuar enumerando los daños producto del impacto y el caos en que podría hundirnos una iniciativa legislativa como la antes indicada. Entendemos la preocupación de la clase política y la buena intención de todos los congresistas, sin embargo, las buenas intenciones deben ser constructivas y pueden canalizarse de diversas maneras para poder ayudar a los que más lo necesiten, pero bajo ningún escenario podemos destruir uno de los pilares de la economía de un país que es el Sistema Financiero.

Es preocupante observar que los dos principales poderes del Estado estén compitiendo por quién propone medidas más populares para la foto y el efecto en las encuestas y no evalúen el impacto en la economía de sus decisiones.

(*) Presidente del directorio de Caja Arequipa