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Los nuevos defensores

Nueva alianza parlamentaria contra la corrupción.

Cinco parlamentarios de Acción Popular (AP) emitieron un pronunciamiento en el que piden al Comité Político de su partido analizar el desempeño de su correligionario Luis Roel Alva, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, luego de que este liderara una cuestionable decisión de rechazar la revisión de archivar las imputaciones más graves en contra del ex fiscal de la Nación realizada por el Parlamento fujiaprista. Una de los firmantes, la legisladora Rosario Paredes Eyzaguirre, ha señalado a este diario que existe un mal manejo en la conducción de la subcomisión a cargo Roel Alva.

Este no es una asunto interno de AP. Recientemente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó no revisar las decisiones anteriores sobre Chávarry, lo que deja en pie el acuerdo de procesarlo solo por un delito leve, en el caso del descerraje de la oficina de su asesor. De ese modo, decidió no dar paso a la denuncia por encubrimiento real, que contempla una pena mínima de siete años, como lo había solicitado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El argumento de Roel es pretendidamente legal y formal. Aduce que el reglamento del Congreso no permite revisar decisiones anteriores porque podría viciar los procesos y darle a los investigados la posibilidad de victimizarse y presentar demandas constitucionales.

Esa respuesta es obviamente falsa. De hecho, el reglamento del Congreso, en el acápite de las denuncias constitucionales y en la extensión de su texto, así como en los principios de la actividad de control político, no impide la reconsideración de las decisiones adoptadas. Además, es claro que el proceso contra Chávarry no ha concluido en dicha subcomisión y por ello no puede argüirse que se trata de cosa juzgada, de modo que se aplique al caso el principio de la negación del doble proceso, omitiendo, a la vez, la jurisprudencia sobre investigaciones de los altos funcionarios del Estado señalada por el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de Nadine Heredia.

El nuevo blindaje a Chávarry fue respaldado alegremente por los congresistas del fujimorismo, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos, con la lamentable complicidad de AP, entre ellos, la del vocero de la bancada.

La decisión de los nuevos defensores de Chávarry no es gratuita; se registra cuando en el Ministerio Público se lleva a cabo una ofensiva del grupo asociado a la red ‘Los Cuellos Blancos’ para retomar el control de esa institución. Caro servicio a la corrupción de quienes llegaron al Congreso con un mensaje contrario.