Raúl Tola

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Otras tareas pendientes

"La pandemia sumergió en un paréntesis a los principales esfuerzos anticorrupción que se vivían en el Perú".

Con el final del estado de emergencia, anunciado por el gobierno para este 30 de junio, se abre un nuevo capítulo en este largo y penoso proceso que ha sido la lucha contra el coronavirus. A partir del día siguiente, el Perú entrará en una «nueva normalidad», que mantendrá varias restricciones, incorporará las costumbres y temores que hemos alimentado en estos meses de encierro, y se parecerá muy poco a lo que conocimos antes del principio del confinamiento.

Como se ha dicho, en ese momento se dará la partida de la intensa carrera contra el tiempo para reactivar nuestra golpeada economía y resucitar los cientos de miles de puestos de trabajo destruidos por la parálisis casi total de nuestro sector productivo. Esa no será la única prioridad pues, además de las actividades económicas, con la cuarentena entraron en hibernación varios procesos igualmente importantes.

La pandemia sumergió en un paréntesis a los principales esfuerzos anticorrupción que se vivían en el Perú, que volverán a echarse a rodar con toda su polémica e intensidad. Un activo campo de batalla será la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya instalación y puesta en marcha prácticamente coincidió con el arribo del Covid-19 y el consecuente encierro en el Perú.

De momento, la JNJ tiene 160 casos pendientes de resolución. Entre ellos está el proceso contra la mafia de Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los mayores escándalos de corrupción y podredumbre judicial de los últimos tiempos, cuyos principales implicados no han sido sancionados —en parte por el sistemático blindaje del Congreso— a dos años de conocidos los audios que revelaron el tráfico de favores para ascensos y nombramientos en nuestro sistema de justicia.

Especialmente urgentes son las solicitudes de destitución contra Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez. Como se ha explicado, el mandato del representante de la Junta de Fiscales Supremos ante el Jurado Nacional de Elecciones está por vencerse. Si la composición de la Junta no cambia, uno de los fiscales cuestionados por sus vínculos con los Cuellos Blancos del Puerto podría terminar teniendo un papel preponderante en las inminentes elecciones generales. Lo contrario no sería mejor, porque, si quien pasara al Jurado fuera Pablo Sánchez, los fiscales señalados por sus vínculos con la corrupción estarían en mayoría y tendrían libertad para obrar dentro de la Junta.

No menos importante será la reanimación de los procesos anticorrupción del caso Lava Jato, interrumpidos de golpe por la emergencia sanitaria y golpeados por la cancelación de varias prisiones preventivas. Confiemos en que, en estos más de cien días, los fiscales del equipo especial hayan podido redondear las acusaciones, lo que permitiría pasar a un nuevo momento, el de los juicios orales