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Letra chica

El impasse se origina porque no tenemos un sistema de salud público que garantice atención digna a todos los peruanos, sin importar su condición.

El miércoles 24 de junio, efeméride de la Reforma Agraria, fue escogido por el presidente para un anuncio controvertido: las clínicas debían llegar a un acuerdo con el Estado sobre los costos de atención a pacientes con Covid-19 o haría uso del artículo 70 de la Constitución.

Hubo quienes calificaron el mensaje como un buen gesto, sabiendo que no sería mucho más que un ejercicio de presión. Otros, seguros de que se venía la parte dos de La revolución y la tierra, miran la escena final defraudados. Varios se escandalizaron pensando que era una declaratoria de guerra al derecho de propiedad, por puro sesgo ideológico, pues la Constitución reconoce que el Estado puede poner varios límites a su ejercicio, incluida la posibilidad de la expropiación; que no lo haga a menudo no quiere decir que no lo pueda hacer. Y hubo quienes, sabiendo que se puede llegar hasta la expropiación, saben que el proceso es complejo, que el anuncio polariza más a la sociedad peruana y podía dejar sin estrategia posterior al Estado si algo salía mal.

Más allá del significado asignado al mensaje, hubo acuerdo y lo importante ahora es mirar la letra chica. Como queda claro en la política, el diablo está en los detalles.

El Estado pagará 55 mil soles, como tarifa plana, por paciente derivado por el MINSA. Detalles que no sabemos: si cubre solo el tiempo en UCI o incluye la hospitalización posterior, tratamiento con medicinas incluidas y seguimiento del caso en casa. ¿Cómo se definirá el reparto de pacientes muy graves, graves y leves, si los costos son diferentes pero el pago será el mismo? ¿Cómo evitamos el “descreme”?

El acuerdo hace hincapié en abarcar solo a pacientes derivados por MINSA, no quienes teniendo un seguro privado van de manera directa y terminan con deudas millonarias, ¿para ellos y ellas se aplica la tarifa social, pero la cubre su seguro o no hay ninguna medida? Si no la hay, lo que ocurrirá es que intentarán atención por MINSA y si finalmente son derivados a una clínica será el Estado quien pague, liberando a los seguros privados de los costos que deberían asumir.

Los detalles de quién, cómo y por qué paga son vitales en este tipo de acuerdos.

Pero no podemos perder de vista el mayor detalle de toda esta historia. El impasse se origina porque no tenemos un sistema de salud público que garantice atención digna a todos los peruanos, sin importar su condición.