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El plazo

Las clínicas privadas y la economía social de mercado.

El presidente Martín Vizcarra ha advertido a las clínicas privadas que si no llegan a un acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA) sobre el costo de la atención a los enfermos de COVID-19 invocaría el artículo 70 de la Constitución. Este artículo señala que a nadie puede privársele de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

El ultimátum del jefe del Estado se realiza luego de dos meses de negociaciones infructuosas entre el MINSA y las clínicas privadas con el propósito de que reduzcan los precios de atención denunciados como exorbitantes. Las partes no se ponen de acuerdo por la lógica de lucro de la parte privada que desconoce en la práctica que el derecho a la salud debe concretarse con urgencia y a costos moderados en una pandemia.

El presidente ha argumentado en el siguiente sentido: “Si ahora, en la crisis más grave de la historia, no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuándo estaríamos? En consecuencia, yo espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactorio en ambas partes y podamos tener de reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población”.

No se hicieron esperar las primeras reacciones a las declaraciones presidenciales. La más plana alega un salto chavista de Vizcarra. Otras anotan que esta decisión es tardía considerando el plazo de la negociación infructuosa. La primera es descabellada, en tanto que la segunda puede ser explicada por las debilidades del Estado, lo que precisamente se desea conjurar, y el debate al interior del gabinete.

Es cierto que, como se ha anotado desde hace días, la Ley General de Salud permite que en situaciones de emergencia la autoridad sanitaria asuma el control de los centros de salud privados. Sin embargo, la invocación del presidente al artículo 70 de la Constitución deja la sensación de que se pretende fijar la atención del país en la salud como un derecho, contra el lucro en una etapa tan difícil para los peruanos.

Es deseable que las partes se pongan de acuerdo. Antes de la advertencia del presidente, las clínicas habían flexibilizado en parte su posición, demostrando el excesivo margen de ganancias de sus servicios. A pesar de ello, debe quedar establecida la responsabilidad social de las empresas en sectores tan sensibles en el contexto de una economía que –no olvidemos– es social y de mercado.