La COVID-corrupción

El informe ‘Corrupción en la Emergencia Sanitaria Covid-19’ elaborado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción revela con datos invaluables que la corrupción debilitó la lucha contra la pandemia, de modo que mientras los peruanos se esforzaban por cumplir con las restricciones, la corrupción no perdió un instante para seguir medrando, convirtiéndose en un estorbo para la eficaz lucha contra la Covid-19, inclusive.

Según el informe que recoge evidencias entre el 16 de marzo y el 4 junio de este año, se tienen 724 denuncias de corrupción a nivel nacional; las más afectadas son Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca, que concentran el 51% del total de denuncias. Los casos se relacionan con la compra de implementos de seguridad, medicinas, reparto de canastas y donaciones de instituciones privadas y públicas.

Casi la mitad de las denuncias se refieren al delito de peculado –la apropiación de los recursos para la emergencia– y entre los otros delitos se cuentan colusión, negociación incompatible y cohecho, en tanto que las áreas del Estado más perjudicadas son las municipalidades, regiones y ministerios, entre estos últimos Salud y Ministerio del Interior.

Más allá de la indignación que motiva este reporte, que remite la falta de escrúpulos de una parte de los funcionarios, que no se detienen ante los imperativos del drama que atraviesa el país, se encuentra la debilidad de las instituciones permeables a los actos de corrupción. De ese modo, se encuentra la voluntad de delinquir y la falta de control. No sorprende que esa concurrencia se concrete en buena parte de casos en la figura de autoridades electas, funcionarios de confianza o jefes de unidades de gasto.

Es cierto que la Covid-corrupción es por ahora al por menor, y que en la mayoría de casos se trata de alteración de los precios de medicinas y equipo, sobrecosto de servicios y en otras pequeñas adquisiciones. Estos montos y modalidades escalarán cuando se ingrese a la etapa de la reconstrucción y se disponga de más recursos para la inversión pública.

Se precisa fortalecer el control, lo que implica dotar de más recursos a esta actividad, especialmente para el control concurrente y evitar que la urgencia del gasto lleve a la extremada flexibilidad de los procesos, que es donde se esconde una parte de la corrupción. Finalmente, debería alentarse la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción fomentando la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana del gasto público.