Un nuevo salvavidas

Por dos semanas consecutivas la Comisión de Educación del Congreso nos sorprende con propuestas bajo la manga. La primera, una estocada directa a la reforma universitaria, suponía crear una instancia superior a la SUNEDU, integrada por representantes de las universidades públicas y privadas –una reminiscencia de la vieja ANR– un representante del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo y, cual polizón, un representante del Congreso.

Una superintendencia debe tener carácter técnico. Supongamos por ejemplo que la SBS, encargada de supervisar el sistema financiero, tuviera una instancia superior en la que participaran representantes de bancos y cooperativas de ahorro y crédito… y un representante del Congreso. No tendría mayor sentido.

Por si esto fuera poco, esta semana la Comisión llamó a sesión extraordinaria y esta trajo una segunda sorpresa. En el dictamen que debía definir los plazos para la moratoria impuesta para impedir la creación de nuevas universidades, se propuso introducir un salvavidas para las universidades que no lograron licenciarse.

Hay 46 universidades que no lo lograron. Para cuidar a los estudiantes hay un reglamento de cese progresivo, que establece un plazo para terminar programas y trámites de títulos ya en proceso. Una vez concluido el cese, las universidades pueden volver a presentar un pedido de licenciamiento a SUNEDU.

¿Qué pretendía la propuesta? Dos cosas. La primera, que las universidades que no lograron licenciarse puedan volver a presentarse a SUNEDU sin cumplir con el plan de cese progresivo, es decir, sin hacerse cargo de los estudiantes que ya están siendo afectados por que sus casas de estudios no cumplen con los mínimos requisitos de ley. La segunda, que las universidades privadas que no se licenciaron puedan acogerse al sistema de rescate diseñado para las universidades públicas.

Sí: las universidades que venían lucrando descaradamente con los justos deseos de educación de la juventud peruana piden un rescate equivalente a la inversión del Estado en la universidad pública.

Ambas propuestas fueron desestimadas. Se acordó citar, otra vez, al Ministro Benavides, que ha sido citado a 3 de las 6 sesiones de la Comisión.

Para no olvidar: el Estado debe garantizar el Derecho a la Educación, no el lucro de las empresas que pretenden dedicarse a la educación.