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"Los investigados pretenden ocupar asientos en el JNE o retirar a Pablo Sánchez para tomar el control".

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha advertido que en un mes, magistrados investigados por ser parte de la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto podrían ocupar cargos desde donde influirán en las elecciones y en la calificación de nuevos jueces y fiscales.

El 21 de febrero, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, informó que esa entidad, encargada de revisar los nombramientos del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), había dado prioridad a los procesos disciplinarios de jueces y fiscales “de notorio interés público”. El CNM era una de las piezas de la red de corrupción del sistema de justicia que denunció IDL-Reporteros en julio de 2018.

Vásquez dijo también en febrero que “funcionarios con proceso disciplinario inmediato” como los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez tenían diez días para dar sus descargos. Sin embargo, con la declaratoria de emergencia por causa de la covid-19 a mediados de marzo, la Junta Nacional de Justicia suspendió “las actividades laborales y los plazos legales mientras dure el estado de emergencia nacional”.

¿Por qué la JNJ no abordó por vía remota esos casos prioritarios si los investigados del expediente Cuellos Blancos no suspendieron su rol obstructor de la lucha anticorrupción durante la pandemia?

Los investigados pretenden ocupar asientos en el JNE o la Academia de la Magistratura, o retirar de la junta de fiscales supremos a Pablo Sánchez para tomar el control.