Rafael Roncagliolo

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Un incidente lamentable y superado

La tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores consiste precisamente en evitar que las dificultades con países amigos escalen a mayores.

En la carta pública de los embajadores de Australia, Canadá, Colombia y Francia al presidente del Congreso, hay una cuestión de fondo y otra de forma. La de fondo, claro está, es la aprobación y promulgación por el Congreso de una ley contra el cobro de peajes que luce inconstitucional y que daña al Perú. Una ley que ha sido objeto de demanda de inconstitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo.

Se podría considerar, entonces, que en la cuestión de fondo los embajadores firmantes tendrían la razón. Solo habrían cometido un error de procedimiento, menor, al haber escrito directamente al presidente del Congreso, sin hacerlo a través de nuestra Cancillería, como lo manda el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Sin embargo, la cuestión de forma es también una cuestión de fondo, como suele acontecer. Hay infracción a una Convención que es como la carta magna y el ABC de toda embajada. Pero más que eso, hay un daño, sin duda involuntario, al haber hecho pública la carta, con copias distribuidas como circular, al presidente de la República y otras autoridades.

El daño se ha producido por las siguientes razones:

Primera: La carta cuestiona de modo prematuro la seguridad jurídica del país. Las empresas afectadas, incluso después de la sentencia del Tribunal Constitucional, podrían recurrir a un tribunal internacional, en razón de los Tratados de Libre Comercio que tenemos suscritos con los cuatro países de origen de los dueños de tales empresas. El proceso está en curso y no se debe impresionar o presionar al Tribunal Constitucional.

Segunda: La carta pública perjudica la imagen internacional del Perú, al dar la impresión de que cuatro importantes países amigos desconfían de su estabilidad jurídica.

Tercera: Implica la idea, errónea por supuesto, de que el gobierno tuviera necesidad de apoyos extranjeros para solucionar un problema que ya está en manos del Tribunal Constitucional.

Cuarta: Fortalece el extendido prejuicio que atribuye a las embajadas la condición de meras oficinas de relaciones públicas para intereses privados, lo que contribuye a deteriorar la imagen del trabajo diplomático.

Baste recordar, como contraste, que cuando se nacionalizaron empresas de peruanos en Bolivia, ni a nuestro embajador ni a Torre Tagle se le ocurrió mandar carta pública alguna.

El hecho ha sido preocupante porque se trata de países con un alto perfil en su manejo internacional, cuyas relaciones con el Perú se han caracterizado por el respeto a los asuntos y procedimientos internos.

Felizmente, los firmantes se han disculpado y el Canciller ha aceptado las disculpas. La tarea del Ministerio de RREE consiste precisamente en evitar que las dificultades con países amigos escalen a mayores. Así lo hicimos, por ejemplo, ante los numerosos incidentes que surgieron durante el juicio sobre límites marítimos con Chile.

Por supuesto, el accidente está superado y no hay motivo para ir más allá. Pero este tipo de lamentables situaciones no debe volver a ocurrir.