Rafael Roncagliolo

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Una normalidad anormal

Con muertos, sudor y lágrimas, el coronavirus obliga a entender que el afán ilimitado de lucro es parte del problema y no de la solución.

Paradojas de la vida: quienes ayer desmantelaron el Estado, porque era el problema y no la solución, hoy le demandan eficiencia y fortaleza. Y critican sus limitaciones, que son fruto de ese desmantelamiento.

Descubren, ¡oh novedad!, que sin el Estado no se puede enfrentar al virus. Les indigna que el FMI recomiende crear impuestos a la riqueza. Y que la ONU advierta de una inminente hambruna global, que podría matar 300,000 personas diarias, mucho más letal que el coronavirus, y que, por supuesto, no se podría encarar sin los Estados.

Como se había planteado oportunamente, hubiera costado 25,000 millones de soles ajustar el sistema de salud en diez años. Si lo hubiéramos hecho, no habríamos tenido que gastar 210,000 millones, sólo en el 2020, para atender a la pandemia.

La satanización del Estado proscribió la noción de lo público. Del interés público, del espacio público, de la salud pública, de la educación pública y de la seguridad pública. Esa fue la normalidad anormal a la que se ría fatal regresar. Era una normalidad construida contra el propio Adam Smith de Teoría de los sentimientos morales, que veía en el ser humano egoísmo pero también altruismo.

Al conjuro de acabar con todo lo público, se emprendió, en Occidente, la batalla contra el Estado de Bienestar. Welfare State, nacido por oposición al Warfare State, el Estado de Guerra. Estado de Bienestar que fue construido después de las guerras, para recompensar a los ciudadanos por sus sacrificios.

La lógica es simple: los ciudadanos entregan regularmente a los Estados dinero (impuestos) y sangre. Cuando los ciudadanos pagan una cuota extraordinaria, como ocurre en las guerras (y en las epidemias), los Estados los retribuyen mediante políticas de bienestar.

El Estado de Bienestar era el seguro de vida de un capitalismo viable. Cuando se desmantela, es reemplazado por el capitalismo salvaje, corrupto y mercantilista.

Esta ideología y los intereses que en ella se amparan han privatizado los derechos humanos fundamentales: pensiones, educación, salud, seguridad. Sólo quienes tienen recursos económicos pueden ejercerlos a plenitud. Tal entendimiento deteriora aún más una democracia en la que el pueblo elige periódicamente, pero las minorías deciden cotidianamente.

La pandemia le ha dado un golpe, seguro que no de gracia, a esta visión del mundo que se había vuelto sentido común dominante en los últimos años. Heraldos negros, decía Vallejo.

Con muertos, sudor y lágrimas, el coronavirus obliga a entender que el afán ilimitado de lucro es parte del problema y no de la solución. Después de esto, habrá que construir sistemas de salud basados en la atención solidaria a la salud pública. O sólo la salud. Habita en la angustia de esta hora un desafío mayor: construir sociedades solidarias.

En este marco, y ante el anuncio presidencial, se requiere volver al espíritu fundacional del Acuerdo Nacional. Lo recuerdo bien, mantiene y recobra vida: sentimiento profundo de unidad, capacidad de ceder de todas las partes, concertación para la acción del Estado y de la sociedad, hoy más urgentes que nunca.