Organizaciones se unen para prevenir y sancionar todo acto o manifestación de discriminación
Desde Promsex, solicitan que el nuevo Congreso de la República, que resultará electo este domingo 26 de enero, considere como un tema de agenda prioritario la ratificación de estas Convenciones.
El pasado martes 21 de enero, el Senado mexicano ratificó por unanimidad la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI) y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que compromete a los Estados a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todo acto o manifestación de discriminación e intolerancia, incluso aquellas basadas en motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género.
La primera de las Convenciones reafirma que “todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y que, por lo tanto, los Estados Parte están comprometidos a formular y aplicar políticas especiales que garanticen el ejercicio de estos derechos.
México es el segundo país que ratifica las Convenciones, después de Uruguay que se vinculó en mayo del 2018, lo que permitirá la entrada en vigor del instrumento a partir del jueves 20 de febrero.
El Estado peruano firmó la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia el 25 de octubre del 2016, y dos años después (septiembre 2018), el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la República Peruana una misiva en donde solicitó que se someta a consideración el proyecto de Resolución Legislativa en el cual Perú ratifica estos instrumentos claves. Sin embargo, este proyecto de ley quedó pendiente en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Desde Promsex, solicitan que el nuevo Congreso de la República, que resultará electo este domingo 26 de enero, considere como un tema de agenda prioritario la ratificación de estas Convenciones, que garantizarían el compromiso que tiene el Estado peruano para cumplir su papel en combatir la discriminación y la intolerancia, a favor de la igualdad de toda la ciudadanía.
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