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México: sentenciados por violencia de género no participarán en elecciones

Los aspirantes con sentencia sobre actos de violencia familiar, sexual o de falta de pago de pensiones alimentarias quedan fuera de las elecciones de 2021.

Marcha contra la violencia de género en noviembre de 2019 en México (Foto: El País)
Marcha contra la violencia de género en noviembre de 2019 en México (Foto: El País)

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó que los candidatos que desean participar en las elecciones de 2021 deberán realizar una declaración denominada 3 de 3 Contra la Violencia con el fin de prevenir, reparar, sancionar y erradicar este tipo de conductas contra las mujeres.

La medida se aprobó el pasado lunes 21 de diciembre e incluyó que los aspirantes deben completar una declaración “bajo protesta de decir verdad”. El dictamen está destinado a los candidatos que participen en los comicios mexicanos de 2021, es decir, los que aspiran a la Cámara de Diputados, las gubernativas, ayuntamientos y alcaldías en los 32 estados del país.

Para ello, la norma enfatiza que los aspirantes no deben ser personas que hayan tenido una condena o sanción por:

  • Violencia familiar o doméstica, o cualquier tipo de agresión de género en el ámbito privado o público.
  • Delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidación corporal.
  • Deudor alimentario o moroso, que atentan contra las obligaciones alimentarias, salvo a quienes acrediten estar al corriente con el pago, cancele la totalidad de su deuda o no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores por este tipo.

“Este Consejo General tiene que ser la pauta y dar ejemplo respecto de cómo transversalizar la perspectiva de género en su fuero interno, en las convocatorias que aprueba”, expresó durante el debate la consejera Carla Humphrey, presidenta de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Con la aprobación de la medida, el INE espera que otras autoridades repitan su ejemplo con el fin de que “las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección popular o cargos en estructuras internas”.

A principios de diciembre del 2020, la institución gubernamental publicó el registro donde se enlistaba a todas las personas sancionadas que cometieron violencia política contra las mujeres por razón de género, quienes no podrán participar en elecciones a cargos públicos.

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