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¿Qué tan eficaces han sido las medidas de lucha contra las pandillas de Nayib Bukele?

El presidente de El Salvador ha recibido críticas por la severidad de la “Mano dura” contra pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele se encuentra firme a su medida de "Mano Dura" que tiene como propósito acabar con las pandillas. Sin embargo, el efecto es contraproducente. Foto: Composición LR (AP)
El presidente salvadoreño Nayib Bukele se encuentra firme a su medida de "Mano Dura" que tiene como propósito acabar con las pandillas. Sin embargo, el efecto es contraproducente. Foto: Composición LR (AP)
Danae Sánchez

A inicios del 2021, el presidente Nayib Bukele de El Salvador solicitó que se reeditase la conocida “Mano dura” para la lucha contra la delincuencia y las pandillas en dicho territorio. Esta medida se tomó aplicando un estado de excepción por 30 días, que el domingo 1 de mayo se extendió por otro mes más, alegando que habían conseguido “buenos resultados”.

Si bien la estrategia ha sido divulgada recientemente, no se trata de una iniciativa nueva. Desde el 2003 se empezó a aplicar e hizo que se dieran más de 40.000 detenciones, y la mayoría de estas sin una orden judicial, lo que desembocó en la liberación de “sospechosos” porque no había suficientes indicios probatorios.

Por otro lado, según el estudio realizado por la salvadoreña Jeannette Aguilar Villamariona, “con los efectos contraproducentes de los ‘planes Mano dura’, la estrategia, se comprueba el fracaso de las normas radicales contra las pandillas”.

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Incluso afirman que el seguimiento de esta iniciativa da pie a las “capturas indiscriminadas”, donde cualquier persona con “apariencia de pandillero” podría ser acusada de pertenecer a una organización que altera la tranquilidad de los ciudadanos.

Asimismo, muchos críticos sostienen que el avance de la “Mano dura”, con el pasar de los años, desencadenó en la aceleración de “profesionalización y sofisticación” de las pandillas. Todo para estar por encima del control policial y los operativos contra ellos.

A pesar de que el presidente salvadoreño afirma que se detuvieron a 70.000 pandilleros, las cifras resultan alarmantes ya que según los últimos datos de la PNC, el número de los integrantes de las pandillas bordeaba los 64.000. Lo que hace pensar en el grave aumento que sufrió en poco tiempo.

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Otro dato de temer es que los detenidos pasan a las cárceles donde miembros anteriormente arrestados de los maras y Barrio 18 se encuentran; el aumento de integrantes de pandillas en estos recintos solo hace que se conviertan en bases de sus crímenes.

“Haber concentrado a pandilleros de las misma pandilla en los mismos lugares para que cumplan sus condenas ha cohesionado y consolidado la identidad del grupo”, afirma Aguilar.

La ineficacia de las medidas de “Mano dura” se nota con mucha más claridad en la comparación de cifras del antes y después de esta estrategia. Del 2003 al 2006 la tasa de asesinatos creció de 36 a 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, ello convierte a El Salvador en uno de los países más peligrosos.

Por otro lado, las medidas actuales como castigos y el sometimiento a los integrantes de pandillas han hecho que el gobierno sea señalado por diferentes organizaciones en pro de los derechos de la persona.

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WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, las tildó de “barbaries” y “populismo penal”, e indicó que estas medidas no se apegan “a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar”.

“WOLA se solidariza con las víctimas de la violencia y reitera que todas las personas que habitan y transitan el territorio salvadoreño tienen derecho a la protección de su vida e integridad física y que el deber del Estado es garantizar dicha protección a través de medidas que respeten el marco democrático y los principios fundamentales de derechos humanos”, se leyó en un comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el decreto de emergencia y la iniciativa de “Mano dura” no son políticas que resultan favorables para el país, sino que podrían tomarse como violaciones a los derechos humanos.

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“El Estado debe de revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia”, sostuvo la comisión.

Por último, el presidente Bukele parece no tomar posiciones y seguir con el cumplimiento de sus medidas. Él respondió tajantemente a las organizaciones que reclaman su severidad y los insta a sacar sus “pestes” de El Salvador.