Analista chileno cita el ejemplo de Perú para pedir que no vaquen a Piñera
“La experiencia latinoamericana muestra que interrumpir el mandato constitucional de un presidente deja traumas y heridas muy profundas, como ha pasado recientemente en Brasil y Perú”, afirmó Cristian Bofill.
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El mandatario chileno Sebastián Piñera enfrenta sus últimos meses en el poder en zozobra ante la investigación penal abierta por la Fiscalía de Chile por su aparición en los papeles de Pandora. Una incertidumbre que también se ha sumado en lo político.
Esta semana, las bancadas de la oposición en el Congreso contemplan la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Piñera. Aunque gran cantidad de personas en Chile esperan que se alcance, un analista político se mostró en contra y lo ejemplificó con el caso de Perú.
“Más allá de las eventuales responsabilidades del presidente —que merecen ser investigadas—, una acusación constitucional a menos de dos meses de una elección presidencial y en medio de la mayor crisis política del país en décadas es una irresponsabilidad”, dijo Cristian Bofill.
Entrevistado por el diario español El País el sábado 9 de octubre, Bofill puntualizó que se puede indagar una vez terminado el período presidencial. “La ley permite que la acusación se presente hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional, el 11 de marzo”.
Horas antes, el viernes 8 de octubre, alrededor de 300 personas se manifestaron en el centro de Santiago de Chile para pedir la renuncia de Piñera. Bofill, también periodista y director del medio digital Ex Ante, pidió contemplar la “experiencia latinoamericana”.
“La experiencia latinoamericana muestra que interrumpir el mandato constitucional de un presidente deja traumas y heridas muy profundas, como ha pasado recientemente en Brasil y Perú, que tardan mucho en cicatrizar”, subrayó.
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La Fiscalía anunció el viernes la apertura de una investigación por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 de su participación en un proyecto de megaminería llamado Minera Dominga.
Esta transacción contenía una condición de pago vinculada a políticas ambientales y fue realizada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014).
Así lo consignaron los Papeles de Pandora, publicación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot.
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La publicación detalló que Piñera vendió su participación en el proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, según el ICIJ, algo que no ocurrió pese a que en la zona hay una reserva natural con pingüinos únicos que podrían entrar en peligro por la mina.
El mandatario defiende que estos hechos ya fueron investigados por la Justicia chilena en 2017, la causa quedó sobreseída y él declarado inocente.
Con información de EFE
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