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¿Qué pasa en Chile, donde prendieron fuego a las carpas y pertenencias de migrantes?

Chile dio una respuesta xenofóbica a la crisis humanitaria de América Latina con el ataque incendiario a las pertenencias de migrantes. La ONU, Unicef y Acnur condenaron la violencia. A continuación, algunas claves.

La Republica
El ataque xenófobo ha sido condenado por la ONU, Unicef y el papa Francisco. Foto: AFP
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Imágenes condenables y xenófobas dejó Chile el sábado 25 de setiembre producto del ataque incendiario contra las pertenencias de personas venezolanas y colombianas durante una marcha contra la migración.

Varias personas quemaron las carpas que los extranjeros empleaban para pernoctar en plazas y playas de Iquique, la primera gran urbe que estos encuentran a su arribo y donde alrededor de 3.500 personas recién llegadas viven en campamentos callejeros improvisados. El ataque ha sido condenado por la ONU, Unicef y el papa Francisco.

La crisis humanitaria estalló en la madrugada, cuando un nuevo grupo de unos 200 migrantes ingresó por pasos clandestinos de la frontera con Bolivia, un proceso que se repite a diario desde hace meses y que está generando una creciente tensión política y social ante el colapso de las comunidades locales del norte.

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Este flujo constante de personas y el embudo que encuentran a su llegada —debido a las restricciones sanitarias y de política migratoria, que dificultan que sigan circulando por el país— han generado desencuentros entre las autoridades regionales y nacionales por la búsqueda de una solución y por algunos actos de violencia de las poblaciones locales contra los migrantes.

La llegada de los migrantes

Los migrantes entran a Chile por la localidad de Colchane, de apenas 1.500 habitantes, que no tiene servicios suficientes para atender todo este flujo de personas, que pernoctan en albergues y en las calles del lugar hasta que encuentran la manera de continuar.

Grupo de personas quemaron carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas. Foto: EFE

Otros deciden buscar por su cuenta la manera de atravesar los más de 250 km de distancia que hay hasta Iquique, en ocasiones pagando a conductores que se aprovechan de la necesidad y cobran un alto precio a los migrantes por este trayecto.

El embudo continúa en aquella ciudad, en la que ya hay alrededor de 3.000 personas migrantes, según estiman algunos vecinos, varadas en campamentos callejeros esperando regularizar su situación o juntar el dinero necesario para continuar viajando.

Crisis humanitaria en Chile

La situación ha despertado el malestar entre vecinos y autoridades locales, que ven los espacios públicos y recreativos de la ciudad copados e insalubres, y denuncian que ha habido un incremento de robos y saqueos.

“Queremos que el Gobierno fije políticas y acciones claras en torno a entregarnos seguridad y también a respetar nuestros derechos”, señaló este sábado el alcalde de Colchane, Javier García, durante la manifestación en Iquique.

El gobernador regional de Tarapacá (en la que se ubican Colchane e Iquique), José Miguel Carvajal, dijo en la emisora local Cooperativa que “en la región no existe xenofobia, pero que la mayoría de los vecinos están cansados de la inacción”.

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Carvajal, además, interpuso un recurso de protección en contra del presidente del país, Sebastián Piñera, por “abandono de deberes” frente a la crisis migratoria que afecta la zona norte del país.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas y dijo que el Gobierno va a fortalecer las fronteras con más personal y más medios técnicos “para poder detener el paso de personas que quieren ingresar a Chile de manera clandestina”.

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Asimismo, reiteró que retomarán la política de deportar a extranjeros, pese a que un fallo de la Corte Suprema ―máximo tribunal del país― rechazó este proceder en junio y que otras organizaciones, como Human Rights Watch, han hecho llamados explícitos a poner fin a las “deportaciones sumarias”.

Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40% más que en todo 2020.

Fiscalía de Chile ya investiga

Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes ―equivalente al 7% de la población― y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

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La Fiscalía de Chile abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados.

Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago. Pero los más pobres carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena y han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en precarias condiciones.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.

Con información de EFE y AFP.