Estudio revela incremento de videovigilancia y vulneración de derechos en países de Latinoamérica
El informe de la ONG Access Now señala que se identifica, sigue y rastrea a los ciudadanos, muchas veces, sin su consentimiento.
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Según una investigación de la ONG Access Now sobre la tecnología de vigilancia en América Latina, en la última década, los gobiernos latinoamericanos, bajo la coartada de proteger la seguridad pública, han desplegado equipos de vigilancia que han sido usados para el espionaje y la violación de los derechos humanos.
El estudio, titulado Made, abroad, deployed at home”, fue un trabajo conjunto con el Laboratorio de Políticas Públicas e Internet (Brasil), la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina) y Lalibre.net (Ecuador).
La mayoría de casos estudiados se concentraron en Argentina, Brasil y Ecuador, países donde existe una mayor cantidad de implementación de este tipo de tecnologías.
La principal preocupación de las organizaciones promotoras del informe no radica solo en el número cada vez mayor de equipos de monitoreo o cámaras en los países de Latinoamérica, sino el propósito por el que fueron instalados: identificar, seguir y rastrear a los ciudadanos, muchas veces, sin su consentimiento. En la mayoría de los casos, además, el uso de estas herramientras se realiza sin ninguna responsabilidad o transparencia.
La metodología empleada en el estudio constó de tres etapas: investigación a profundidad, reportes locales y análisis cruzados.
En la primera, cada organización recopiló información de sitios públicos de compras, cuestionarios sobre libertad de información de cargos públicos específicos y entrevistas con representantes de empresas, periodistas e investigadores. Luego se consideró un análisis del contexto local y sus leyes correspondientes a datos personales. Por último, se examinó el comportamiento y los modelos de negocio de las empresas que proveen los servicios de vigilancia a estos países.
En una entrevista con la agencia France24, Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas de América Latina de Access Now, sostuvo que muchas empresas y organismos gubernamentales no respondieron claramente sobre “qué tipo de tecnologías tienen ni cuáles son los estándares que se están implementando para proteger los derechos humanos”.
Así, por ejemplo, un dato que revelan es que Argentina es el país con el mayor número de empresas que usan herramientas de vigilancia y monitoreo, y 12 de ellas de origen extranjero. Tecnologías como el reconocimiento facial se utilizan en aeropuertos, servicios de transporte público y en las calles de varias ciudades del país, sin saber exactamente cuál ha sido su alcance.
En Ecuador, por otro lado, una investigación del diario estadounidense The New York Times en 2019 reveló que el ECU 911 (un sistema de vigilancia policial) fue utilizado por el Gobierno de Rafael Correa para perseguir y acosar a opositores, en presunta complicidad con la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia. Pese a este historial, el ECU 911 continúa vigente.
La discusión reside en que estas tecnologías también presentan fallas. Por ejemplo, durante la Copa América, según medios locales, una mujer fue confundida con la autora de un asesinato que ya se encontraba en la cárcel. Asimismo, las organizaciones señalan que el reconocimiento facial se dirige desproporcionalmente a personas de piel oscura.
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