Más de 300 entidades piden que acabe en España la exclusión sanitaria de inmigrantes
“La normativa de 2018 solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación”, señaló la coordinadora de Incidencia Política, quien exige cambios reales.
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Más de 300 organizaciones sociales y profesionales exigen al Gobierno de España que “cumpla con su promesa” de una nueva ley que permita recuperar la sanidad universal española y acabar con la “exclusión sanitaria” que, agudizada durante la pandemia, sufren muchos inmigrantes en situación irregular.
Representantes de estas entidades se concentraron este lunes 26 de julio delante del Ministerio de Sanidad para denunciar esta situación.
El Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, modificó hace tres años la reforma de los conservadores (2012) que retiraba la tarjeta sanitaria (que da derecho a las prestaciones médicas) a los inmigrantes irregulares, unos 800.000 entonces, en plena crisis económica.
“La normativa de 2018 solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación. Esto no es una sanidad universal, es una sanidad con muchos peros”, indicó la coordinadora de Incidencia Política de Médicos del Mundo, Eva Aguilera.
Según las organizaciones, la sanidad pública española mantiene actualmente sin cobertura a grupos de personas vulnerables, como las que llegan a España en procesos de reagrupación familiar o las que llevan menos de 90 días en el país, y no protege de manera especial a menores de edad ni a mujeres embarazadas.
Además, señalan que la ausencia de sanidad universal se ha agravado con la COVID-19, durante la cual se han producido más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud en España, incluidos 78 solicitantes de asilo, 44 embarazadas y 90 menores, según datos de Médicos del Mundo.
Como resultado, muchas personas no fueron atendidas debidamente de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH o problemas de salud mental, además de no haber podido ser vacunadas de la COVID-19, pues no forman parte de las bases de datos de los sistemas sanitarios regionales, aseguraron estas entidades sociales y médicas.
Reclamaron al Ejecutivo que tramite urgentemente un anteproyecto legislativo que elimine la diferenciación en el derecho a la asistencia sanitaria entre los inmigrantes en situación irregular y la población de nacionalidad española o permiso de residencia, y medidas transitorias hasta entonces que lo garanticen.
La presión migratoria que soporta España se acentúo en 2020 y continúa en 2021, fundamentalmente desde África, debido a la grave crisis socioeconómica causada por la pandemia de la COVID-19, entre otros motivos.
Desde el 1 de enero hasta el 15 de julio pasados, entraron de manera irregular en el país 14.737 inmigrantes, lo que supone un incremento del 63,2 % con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior.
La mayoría de las llegadas son por vía marítima al archipiélago atlántico de las Canarias.
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