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La JEP acusa a 10 militares colombianos y un civil por “falsos positivos”

Este caso se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y fue protagonizado por miembros del Ejército que presentaron a varias personas como si fueran guerrilleros muertos en combate

La JEP acusa a diez militares colombianos y a un civil por "falsos positivos". Foto: El Diario
La JEP acusa a diez militares colombianos y a un civil por "falsos positivos". Foto: El Diario
Agencia EFE

En Colombia, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha imputado el martes a diez miembros del Ejército y a un civil debido al caso de los “falsos positivos”, que fueron más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales.

“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo”, ha detallado la magistrada de la JEP Catalina Díaz Gómez.

Este caso se dio durante la gestión de Álvaro Uribe (2002-2010), y fue protagonizado por miembros del Ejército que presentaron a varias personas como si fueran guerrilleros muertos en combate, a quienes ellos ejecutaban para recibir incentivos por parte del Gobierno.

La JEP cree que estos sucesos no ocurrirían sin una política estatal de ocultamiento de cuerpos, incentivos y presión de comandantes hacia subordinados para obtener muertos en combate, además de estigmatización hacia la población civil rural.

Los acusados son señalados por asesinar al menos a 120 personas en el poblado de Catatumbo (Norte de Santander). Estas fueron presentadas como guerrilleros abatidos entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el fin de aumentar la cifra de bajas guerrilleras. Aparte, se les acusa por 24 desapariciones forzadas.

Entre los imputados por la JEP están el brigadier Paulino Coronado Gómez, los coronales Santiago Herrera Fajardo y Rubén Castro Gómez, además de dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo.

“Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”, indica el primer auto del caso.

Coronado Gómez fue destituido por el caso de falsos positivos en el poblado de Soacha, donde varios jóvenes fueron captados con la promesa de obtener trabajo y finalmente fueron asesinados para ser presentados como guerrilleros abatidos.