Detienen a funcionarios por supuesta corrupción con fondos públicos en Costa Rica
Las diligencias tienen como fin obtener pruebas y arrestar al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de cinco empresas privadas que habrían conformado la red de corrupción en el país.
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Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron este lunes 14 de junio la detención de 28 sospechosos por un caso de supuesta corrupción en la adjudicación de obras de construcción y mantenimiento vial, que involucra a funcionarios y empresas de infraestructura.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este lunes 57 registros en los que hasta ahora han sido detenidos 28 sospechosos en lugares como la empresa constructora MECO o el estatal Consejo Nacional de Vialidad, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Los operativos están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que atribuyen a los sospechosos haber creado “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”, indica un comunicado del Ministerio Público.
Según el OIJ, el daño al Estado podría rondar los 120 millones de dólares entre 2018 y 2020.
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, que habrían cometido funcionarios públicos del Conavi, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda, así como por personas particulares de empresas constructoras.
Uno de los lugares registrados fue una oficina situada en la Casa Presidencial, pero la Fiscalía aclaró que “no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes”, sino por asesores.
En el proceso figura como investigado, pero no fue detenido, el asesor presidencial Camilo Saldarriaga, quien además fue gerente de la campaña política que llevó al poder al actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
El director del OIJ, Walter Espinoza, explicó a los periodistas que la investigación comenzó hace dos años y que las diligencias de hoy tienen como fin obtener pruebas y detener al menos a 19 funcionarios públicos y 14 de cinco empresas privadas que habrían conformado la red de corrupción.
“Un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras, lo que afecta al país”, declaró Espinoza.
Para el titular del OIJ, los funcionarios públicos “recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo y que respondían a una articulación planificada desde un punto de vista delictivo que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales”.
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