Colombia impide ingreso de activista argentino de una misión de observación

Las autoridades migratorias de Colombia no admitieron el ingreso al país del líder social argentino Juan Grabois, quien integra una misión internacional para verificar las violaciones de derechos humanos durante las protestas.

Juan Grabois es un activista social, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina. Foto: EFE
Juan Grabois es un activista social, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina. Foto: EFE
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Juan Grabois afirmó en su cuenta de Twitter que luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el Gobierno colombiano lo expulsó este 25 de mayo de su territorio por considerarlo un riesgo para la seguridad de Estado.

Grabois, quien es abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina, detalló también que le retuvieron la documentación y el equipaje hasta que le embarcaron en un vuelo a Lima.

Pasaporte vencido

Migración de Colombia detalló en un comunicado que Grabois fue el único miembro de la delegación de 20 personas a la que no se autorizó a ingresar a Colombia. Ello debido a que, según la entidad, el activista se negara a que le realizaran una verificación a sus documentos, luego de que el sistema alertara del vencimiento de su pasaporte.

El comunicado de la autoridad colombiana también detalló que Grabois faltó al respeto al oficial de migración y al supervisor a cargo, por lo que fue inadmitido de acuerdo a sus leyes migratorias.

Otra versión

María Elena Navarro, una de las compañeras del activista en la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, expresó: “Es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación”.

La misión internacional integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas llegó al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, para acreditar, relevar y visibilizar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas que se producen en Colombia desde el 28 de enero, fecha desde la que se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerzas policiales.