Obispos y cardenales serán juzgados por tribunal penal del Vaticano

El papa Francisco busca, con esta medida, afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de los integrantes de la Iglesia. La disposición entrará en vigor el 1 de mayo.

El importante cambio se produce mientras se perfilan varios procesos penales importantes en los próximos meses. Foto: Vaticano
El importante cambio se produce mientras se perfilan varios procesos penales importantes en los próximos meses. Foto: Vaticano
Agencia AFP

El papa Francisco dio, el viernes 30 de abril, un paso decisivo para hacer más creíble al tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano: obispos y cardenales, hasta ahora bastante protegidos, podrán ser convocados y condenados por esa instancia.

Esta minirevolución del sistema penal de este tribunal —donde ofician magistrados laicos italianos, y no sacerdotes— fue anunciada en un texto firmado este viernes por el sumo pontífice y entrará en vigor el 1 de mayo.

Hasta ahora, cardenales y obispos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal. Actualmente, en cambio, se someterán en primera instancia del Vaticano, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa de Jorge Mario Bergoglio.

El pontífice argentino desea así afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia “sin privilegios que datan del pasado”, según se lee en esta iniciativa llamada un ‘motu proprio’.

Este juzgado de primera instancia era muy criticado por no poder convocar a los más altos prelados de la Iglesia.

El importante cambio se produce mientras se perfilan varios procesos penales importantes en los próximos meses, que implica a cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaría de Estado (Gobierno del Vaticano). Por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal.

Actualmente, está en curso una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres con el aval de la Secretaría de Estado.

La indagación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio o, eventualmente, incurrieron en corrupción.

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