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Panamá creará un registro para vigilar a agresores sexuales

“Nos dimos cuenta, sobre todo con el caso de los albergues, que personas condenadas por abusos, estaban trabajando con menores”, dijo una diputada.

El lunes protestaron en Panamá con fotografías de magistrados de la Corte Suprema que declararon "no culpable" al diputado Arquesio Arias en un juicio por delitos sexuales contra dos mujeres. Foto: EFE
El lunes protestaron en Panamá con fotografías de magistrados de la Corte Suprema que declararon "no culpable" al diputado Arquesio Arias en un juicio por delitos sexuales contra dos mujeres. Foto: EFE
Agencia EFE

Las autoridades de Panamá buscan crear un registro de “ofensores sexuales” que pretende dar al Estado “mayor claridad” sobre las personas que han cometido este tipo de delitos y prevenir que se repitan, en momentos en que casos de abusos que involucran a menores y hasta políticos conmocionan al país.

La creación del llamado Registro Oficial de Ofensores Sexuales se ampara en un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, que debe ser sancionado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

Este registro “contendrá información detallada de las personas mayores de edad que sean condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente firme, por los delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades”, según dice el proyecto de ley.

“En esta lista, la gente puede conocer quién ha cometido estos delitos aberrantes. Nos dimos cuenta, sobre todo con el caso de los albergues, que personas que habían sido condenadas por abusos, por actos libidinosos, estaban trabajando con menores”, declaró a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez, impulsora del proyecto.

El caso del parlamentario oficialista Arquesio Arias desató una serie de protestas en Panamá. Foto: EFE

Un informe parlamentario difundido en febrero pasado señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, algunas desde 2018 según la información oficial, por los casos de abuso sexual, malos tratos e irregularidades administrativas en los albergues. Ya hay identificadas cerca de una veintena de sobrevivientes y una de las seis personas imputadas, hasta ahora, fue condenada.

Otro caso que ha generado polémica es el del diputado oficialista Arquesio Arias, quien estuvo en prisión domiciliaria desde octubre de 2019 hasta la semana pasada, cuando en un juicio fue exonerado de los delitos de violación carnal y actos libidinosos contra dos mujeres, un fallo que ha provocado duras críticas al sistema de Justicia y algunas protestas callejeras.

Según los datos de la Fiscalía, las denuncias “Contra La Libertad e Integridad Sexual” registraban un crecimiento en los últimos años, con 6.256 en 2018 y 6.883 en el 2019, y una caída en el 2020 (5.469), lo que expertos adjudican a las restricciones a la movilidad impuestas durante una parte del año debido a la pandemia.

El Registro Oficial de Ofensores Sexuales, que estará a cargo de la Dirección de Investigación Judicial, contendrá los datos detallados de personas condenadas en firme por delitos sexuales, tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual, dice el proyecto legislativo.

El registro será actualizado y verificado cada seis meses, y el “ofensor” deberá notificar con diez días de antelación cualquier cambio de domicilio.