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Justicia boliviana amplió a seis meses detención preventiva de Jeanine Áñez

Uno de los abogados de la expresidenta aseguró que no le sorprendía la decisión. “Lo que queda es cumplir con todas las etapas del procedimiento”, informó.

Añez fue detenida por por acusaciones de sedición y terrorismo conocido como el caso "golpe de Estado". Fuente: AFP
Añez fue detenida por por acusaciones de sedición y terrorismo conocido como el caso "golpe de Estado". Fuente: AFP

La justicia boliviana determinó, este sábado 20 de marzo, ampliar de cuatro a seis meses la detención preventiva dictada hace una semana contra la exmandataria Jeanine Áñez y dos de sus ministros.

El juez Willy Arias resolvió “confirmar” la resolución que hace unos días determinó la detención preventiva de la exjefa de Estado y sus exministros, “con la modificación de que el lapso de detención preventiva se determina a seis meses” inicialmente ordenada.

La base legal que se expuso durante una audiencia virtual, que duró varias horas, es la “ampliación” de los riesgos de obstaculización y de fuga que expusieron los representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría del país.

El veredicto emanó a raíz de un recurso de apelación que planteó la defensa de Áñez a la disposición de detención preventiva por acusaciones de sedición y terrorismo, conocido como el caso Golpe de Estado durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.

“No nos sorprende” la decisión de ampliar la detención preventiva de Áñez, aseguró Luis Guillén, uno de los abogados de la expresidenta interina, durante una comparecencia ante los medios.

El jurista admitió que estos procesos “tienen larga duración” y que en cierto modo llegan a ser “tortuosos” por todo el proceso que se debe seguir en el marco de la investigación.

Guillén sostuvo que lo que queda es “cumplir con todas las etapas” del procedimiento, aunque lamentó “la simple sindicación” que ha hecho la Fiscalía contra Áñez, ya que consideró que no existe una “asociación sobre los hechos” por los que se le acusa a la exmandataria calificada “de facto” por el Gobierno.

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