Corte IDH discutirá demanda contra El Salvador por prohibición del aborto

Ya van 11 años de una lucha a favor de los derechos reproductivos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos discutirá la demanda de los colectivos y organizaciones feministas salvadoreñas contra El Salvador por el caso de Manuela, una mujer que, en 2010, falleció por el linfoma de Hodgkin cuando cumplía una sentencia de 30 años en prisión por presuntamente haber interrumpido su embarazo.

La audiencia se llevará a cabo este 10 y 11 de marzo, y el caso podría marcar un precedente a favor de los derechos reproductivos de las mujeres en ese país.

La batalla legal

Pero, la historia de Manuela es el caso de muchas mujeres de América Latina. El recorrido legal empieza en 2012, cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local interpuso la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2019, este organismo decidió que la Corte IDH observe el caso.

En entrevista con Voz América, Sara García, miembro de la Asociación Colectivo Feminista contra la despenalización del Aborto en El Salvador, expresó que “vislumbra el impacto de la prohibición absoluta del aborto en los derechos reproductivos de las mujeres, en particular, en la criminalización de aquellas que sufren emergencias obstétricas por delitos que no cometieron”.

Además, la activista sostuvo que Manuela sufrió las consecuencias de esa penalización y “la violencia del sistema de salud y de justicia”, pues su aborto pudo ser provocado por el cáncer que padecía, el mismo que se detectó cuando ya estaba muy avanzado.

Ambas organizaciones feministas, afirmó García, tienen como objetivo que la Corte IDH proteja y reconozca los derechos reproductivos de las mujeres salvadoreñas, dado que la penalización absoluta del aborto es “una forma de discriminación de género” y presenta un impacto desigual en mujeres en situación de vulnerabilidad, además de facilitar la criminalización de sus procesos reproductivos.

¿Quién era Manuela?

Manuela era una mujer del área rural de El Salvador. Vivía en una situación de vulnerabilidad marcada por la pobreza y las carencias educativa, no sabía leer, tampoco escribir. Era madre soltera y tenía dos hijos, en ese entonces de 9 y 7 años, cuyo padre nunca se hizo responsable.

En 2007, sufrió de constantes dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago y cansancio, además de presentar masas en el cuello. Un centro hospitalario le diagnóstico gastritis y le recetó un analgésico, pero no le hicieron un examen completo para saber el estado de su salud. En ese periodo, Manuela queda embarazada.

El 27 de febrero de 2008, Manuela es ingresada a un hospital cercano tras presentar hemorragia y síntomas de preeclampsia. Sin embargo, la médico del nosocomio no le brindó la atención obstétrica que requería con urgencia, por el contrario la interrogó y perdieron tres horas en ello, mientras Manuela se desangraba.

De acuerdo con el testimonio de los colectivos, la doctora que la atendió asumió que Manuela se provocó un aborto y llamó a las autoridades policiales por presuntamente haber cometido un delito.

Sin contar con un abogado defensor, fue interrogada por dos policías, quienes la acusaron de atentar contra la vida de su hijo. Manuela fue esposada a su cama por siete días. Posteriormente, fue condenada a 30 años de cárcel.

Su sentencia incluía que debían brindarle una atención médica, pero esta nunca llegó. Solo le brindaron medicinas. Poco a poco, Manuela perdió 13 kilos, también el cabello, y su salud se fue deteriorando. Después de un año, le diagnostican cáncer avanzado y la obligaron a seguir la quimioterapia en la cárcel, pese a que el lugar no es adecuado para un paciente oncológico.

Sin un tratamiento adecuado, Manuela falleció el 30 de abril de 2010 y dejó huérfanos a sus hijos.

“No queremos que más mujeres enfrenten la historia de Manuela, pero también estamos en esta lucha para buscar una reparación integral a la familia de Manuela”, expresó García.