Mujeres en Venezuela no acceden a anticonceptivos ni a aborto seguro

Venezuela inicia su octavo año de crisis económica. Entre las diferentes problemáticas del país, los derechos sexuales y reproductivos son vulnerados. A millones de mujeres ya no les alcanza el dinero para acceder a anticonceptivos, lo que las orilla a abortos inseguros o las obliga a continuar con embarazos insostenibles en un momento en el que, a duras penas, logran alimentar a los hijos que ya tienen.

En Caracas, la capital, un paquete de tres preservativos cuesta 4,40 dólares, lo que equivale al triple del salario mínimo de Venezuela, que es de 1,50 aproximadamente, según detalla The New York Times.

La píldora anticonceptiva cuesta alrededor de 11 dólares al mes, el doble con respecto a los condones, mientras que un dispositivo intrauterino (DIU) puede llegar a costar 40 dólares, más de 25 veces el salario mínimo. Ello no incluye los honorarios del médico que tiene que realizar el procedimiento ambulatorio.

Con el costo de la contracepción tan fuera de alcance, las mujeres cada vez más recurren al aborto, que es ilegal y, en los peores casos, los procedimientos insalubres pueden arrebatarle la vida a las gestantes.

Además, la población venezolana lidia con un sistema de salud que ya no puede proveer la contracepción básica, pues los anticonceptivos están casi ausentes en los hospitales estatales y solo se encuentran disponibles en las farmacias privadas a precios que no pueden pagar. Para 2018, los anticonceptivos orales, los implantes y los parches ya eran casi imposibles de encontrar en varias de las principales ciudades, según un estudio realizado por la coalición de derechos Equivalencias en Acción.

Algunas parejas empezaron a abstenerse o a racionar los encuentros sexuales. Otras utilizaron el método del ritmo, el cual no siempre funcionaba. Al agudizarse la crisis, muchas mujeres afirman que la violencia de género ha empeorado.

Asimismo, la cantidad de mujeres que buscan hacerse un aborto también incrementó, según entrevistas con profesionales de la salud y trabajadores sociales. Faldas-R, un grupo activista que opera una línea telefónica de asistencia al aborto, reportó un aumento del 40% en las llamadas entre 2018 y 2019. Debido a que el derecho al aborto no es reconocido en Venezuela, las mujeres que son detenidas por interrumpir sus embarazos, y las personas que las ayudan, pueden llegar a pasar años encarceladas.

Cabe resaltar que la mortalidad materna aumentó un 65% entre 2015 y 2016, según el Ministerio de Salud del país. Luego, el Gobierno dejó de publicar datos.