Perú y Brasil, “atados de manos” y en la encrucijada por el éxodo de haitianos

Una lluvia torrencial ha golpeado Iñapari desde la madrugada del jueves 18 de febrero. Las calles de esta ciudad, ubicada en el departamento peruano de Madre de Dios —en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Perú―, han quedado desbordadas por el temporal.

Los ríos acrecentaron sus caudales. El transporte se paralizó y también el traslado de ayuda humanitaria que el Gobierno regional madrediosense destina a los migrantes haitianos desde hace dos días, cuando intentaron dejar Brasil ante la pandemia, ingresaron a territorio peruano y fueron reprimidos por las fuerzas del orden con disparos de gases lacrimógenos y empujones. Luego de 48 horas, aún hay incertidumbre en la frontera, cerrada para mitigar la COVID-19.

Según Acnur, al menos 380 migrantes haitianos buscan desplazarse ante la vorágine que vive Brasil. La AFP apunta que son 450. El gobernador regional Luis Hidalgo sostiene, en cambio, que son cerca de 700 y se encuentran repartidos en el puente Integración y en Assis, el municipio brasileño del estado de Acre que está al borde del colapso y no cuenta con logística para atender a los migrantes y contener aglomeraciones.

Se trata de un fenómeno no visto desde hace una década, que ha puesto en la encrucijada al ámbito peruano y la administración del gobernante Jair Bolsonaro.

Si en 2011 Iñapari significó una zona de tránsito hacia Brasil, hoy es el epicentro de un éxodo que ha dejado a los migrantes en un limbo territorial. Bolsonaro ya autorizó el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera entre Brasil y Perú, de acuerdo a un decreto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública publicado este jueves en el Diario Oficial. Las Fuerzas Nacionales apoyarán a las autoridades locales “en las actividades de bloqueo excepcional y temporal del ingreso de extranjeros al país, de manera episódica y planificada”, reza la medida, que se extenderá por sesenta días, aunque puede prorrogarse.

“Estamos atados de manos –explica a La República el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo–. Desde nuestro lado, hemos propuesto dos alternativas: que ingresen progresivamente 50 personas por día a Puerto Maldonado y avancen en ómnibus hacia la frontera de Ecuador y Chile, como indican. Pero lo que no sabemos es si los van a recibir en la zona fronteriza”.

La otra posible solución, menciona Hidalgo, es trasladarlos en un vuelo humanitario que partiría desde Cobija (ciudad boliviana fronteriza con Brasil) hacia Haití, con escala en Colombia. “Sin embargo, (los migrantes) se rehúsan volver a su país. Quieren irse a Colombia, Chile, México, Estados Unidos y no podemos asegurarles eso”, enfatiza la autoridad local.

Desde marzo del 2011 hasta finales del 2013, unos 50.000 haitianos pasaron por la frontera de Iñapari con dirección a Brasil, de acuerdo a una investigación realizada por el periodista Manuel Calloquispe, que sigue de cerca el éxodo haitiano, un “fenómeno indocumentado”.

Calloquispe ha reunido episodios de agresiones (incluso abusos sexuales), extorsiones y trata en Iñapari, donde operan coyotes que los hacinaban en hostales y luego les facilitaban el paso a la frontera. “El 2011 fue una época bastante difícil y congestionada –dice el periodista de investigación a este diario–, incluso estuvo involucrada la Policía y autoridades locales”.

Haití, una suma de castástrofes

Haití y estos desplazamientos se pueden entender a través de sus fatalidades. Según The World Factbook, el 80% de los ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza y dos tercios dependen directamente de un sector de la agricultura y la pesca.

El desempleo, la frecuente devaluación del gourde (la moneda local), la inflación galopante, el aumento del costo de vida, la disminución del poder adquisitivo en los hogares, la epidemia de cólera, el descontento con el Gobierno del presidente Jovenel Moïse y la inseguridad alimentaria se acentuaron en esta nación, la más pobre de occidente y devastada por dos catástrofes en la última década: el gran terremoto de 2010 —que dejó 230.000 muertos y 1,3 millones de afectados—, y el huracán Matthew en octubre de 2016, que mató a 547 personas y afectó a 2,4 millones de la población.

El de enero de 2020 fue uno de los terremotos más catastróficos en la historia de la humanidad del cual se tenga registro. Tuvo una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter; destruyó Puerto Príncipe, la capital haitiana; y provocó la destrucción de alrededor de 100.000 viviendas y el consecuente desplazamiento de los damnificados hacia países vecinos, el más concurrente República Dominicana. Además, cerca de un millón y medio de sobrevivientes terminó en campamentos de refugiados establecidos en el interior del país.

Históricamente la migración haitiana ha apuntado a Estados Unidos, República Dominicana, Canadá y Francia (estos dos últimos países por cuestiones lingüísticas: el francés es lengua oficial en Haití). Sin embargo, desde el gran terremoto, Sudamérica surgió como nuevo objetivo, especialmente Brasil, Chile, Colombia. Perú era (es), en rigor, una zona de tránsito.

Bajo el gobierno de Dilma Rousseff, los haitianos no eran deportados —la mayoría encontró trabajo en Mato Grosso, Sao Paolo, Rondonia, Curitiba—, pero de pronto despuntó el tráfico de migrantes. Ante dicha situación, Brasil abrió la posibilidad para que los haitianos obtengan visas con un mínimo de requisitos en su Embajada de Puerto Príncipe. A finales de 2012, la situación en la frontera era caótica y las colas para entrar al consulado habían sobrepasado la capacidad de las autoridades.

Al reconocer la ineficacia de las medidas adoptadas, en abril de 2013 el Gobierno adoptó una nueva política que eliminó el límite de visas y se abrió la posibilidad de obtenerla en otros países. El sueño brasileño no duró mucho tiempo. Ante una situación de crisis económica y política en Brasil, los ciudadanos haitianos fueron perdiendo poco a poco sus empleos y con ello las oportunidades para aspirar a una vida mejor.

La COVID-19 y su debacle desataron este fenómeno a la inversa que acaso pasó incomprendido por años, y que ahora se torna en una crisis humanitaria en medio de la emergencia sanitaria.

Preocupación humanitaria y sanitaria

Mientras en la frontera la Policía ha recuperado el control e impide el ingreso de migrantes, la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha tomado conocimiento de que el caso haitiano es discutido por la Cancillería peruana y brasileña. Al cierre de esta edición, no hubo comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. La República pudo conocer que el gobernador del estado de Acre, Gladson Cameli, viajó a Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro y plantear soluciones a los migrantes.

La autoridad de Madre de Dios, Luis Hidalgo, ha señalado que a raíz del ingreso forzado de hace dos días, 14 haitianos fueron derivados a un puesto de salud local. Se les practicó pruebas moleculares para detectar el coronavirus y seis resultaron positivos (tres mantienen la enfermedad activa).

“Como región en estado moderado, pensamos en el riesgo sanitario que podría suceder si entra con los migrantes la cepa brasileña. Pero también miramos lo penoso que es ver a madres y niños en esa situación. Por ello, como Gobierno regional, hemos destinado que esta población más vulnerable (de la caravana), incluidas personas con discapacidad, se queden en un estadio. Les hemos brindado alimentos, pero lo han rechazado en forma de protesta. El alcalde de Assis (Brasil) ha llevado a un grupo a un colegio que funciona como refugio temporal (sic)”.

Hidalgo agrega que este domingo mantendrá una reunión en la frontera con su homólogo, Gladson Cameli, quien decretó la situación de emergencia en su estado ante un brote de dengue, inundaciones por las altas crecientes de los ríos y falta de camas para atender a pacientes con la COVID-19. Desde el lado nuestro hay disposición y entendemos que es un asunto urgente. Esta diáspora iba a suceder tarde o temprano”, lamenta.

El Vicariato Apostólico (equivalente a un obispado) de Puerto Maldonado ha pedido a las autoridades peruanas encontrar una solución que les permita “continuar su camino” y así evitar un “conflicto social grave”.

Si bien la mayoría de los migrantes son de Haití, también hay de Senegal, Burkina Faso, Pakistán, Bangladesh e India, y “necesitan ingresar a Perú para viajar hasta la región Tumbes, en la frontera con Ecuador, y desde allí llegar a sus respectivos destinos”. Un desafío que suena fácil, pero no.