México: evalúan inhabilitar funcionarios que abusen de cargos para vacunarse

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México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y que culminaría en marzo de 2022. Foto: AFP
México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y que culminaría en marzo de 2022. Foto: AFP

Un grupo de parlamentarios mexicanos propone que quienes se beneficien de sus puestos para ser inmunizados contra la COVID-19 paguen hasta cuatro años de prisión.

Este jueves 4 de febrero, un grupo de parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) presentó en la Cámara de Diputados de México una iniciativa que busca castigar con has cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación en cargos públicos a quienes abusen de sus puestos para acceder a las vacunas anti-COVID-19 de manera ventajosa.

Annia Sarahi Gómez Cárdenas, diputada por esta agrupación, introdujo la reforma para modificar el artículo 215 del Código Penal Federal y sancionar las personas que se beneficien de sus cargos en cuanto a la atención sanitaria y la obtención de recursos médicos, reseñó El Universal.

“Cuando, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, obtenga —para beneficio propio, de un familiar o de cualquier tercero— acceso con prioridad y ventaja de cualquier atención médica, vacuna o insumo médico”, rezó la propuesta presentada.

“Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción XVII, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y destitución, e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones señaladas en el párrafo anterior se duplicarán cuando la conducta se realice en el periodo de emergencia sanitaria”, explicó Gómez.

En México, se produjo un caso que trascendió a los medios de comunicación sobre el director del hospital del municipio de Rayón, quien se saltó las normas y usó sus influencias para inmunizar a dos miembros de su familia.

Posteriormente, el hecho fue calificado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, como “inmoral”.

Gómez enfatizó que era necesario reformar el marco legal y actuar para evitar que situaciones como la mencionada sucedan nuevamente, así como garantizar que la vacuna llegue primero a los ciudadanos.