Gobierno neerlandés renuncia por mala gestión de ayudas al cuidado de niños
Un reporte legislativo indicó que 10.000 familias, en su mayoría de origen inmigrante, habían sido forzadas a regresar miles de euros en subsidios, lo que causó desempleo y bancarrotas.
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La administración del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, renunció en bloque este viernes 15 de enero por su mala gestión de los subsidios para las familias que necesitaban pagar el jardín de infancia, según reveló la emisora radial NOS.
La decisión se toma después de que una investigación parlamentaria de diciembre encontrara que funcionarios del servicio tributario, con inspección del Gobierno neerlandés, habían llevado a miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, a la ruina económica con acusaciones injustificadas de estafa.
Las pesquisas del caso determinaron que alrededor de 10.000 familias habían sido obligadas a devolver decenas de miles de euros en subsidios, lo que provocó desempleo, bancarrotas y divorcios. Además, detallaron el pésimo manejo, que se amplió durante diez años, como una “injusticia sin precedentes”.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar cartas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos. Asimismo, los acusaban de fraude fiscal y les exigían demostrar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las imputaciones se realizaron, al parecer, sin ningún argumento, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los perjudicados. Luego se comprobó que principalmente familias inmigrantes habían sido objetivo de esta disposición, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, considerado irregular por discriminatorio.
La procedimientos siguieron durante años y permanecieron hasta ahora. Distintos investigadores —también periodistas y senadores a los que la propia Agencia Tributaria intentó obstruir la búsqueda de información— lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.
La abogada española Eva González Pérez se pronunció al respecto en 2014, años antes de que el caso detonara en los medios locales. Su esposo lideraba una agencia de niñeras en el municipio de Eindhoven que se vio directamente dañada por el apartado de subvenciones a esos padres, sus clientes, que solventaban el servicio con los subsidios gubernamentales.
“Todas las familias tienen orígenes migratorios. Esto es un problema moral por muchas cuestiones. Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tú puedes demostrar que sí tienes derecho. No te puede quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”, contó González a la agencia EFE.
La jurista lamenta que “en veinte años de carrera, nunca había visto algo así, ni había ido contra Hacienda” porque su especialidad era el derecho laboral y la seguridad social. Ni siquiera comenzó su caso aduciendo discriminación racial, sino fallos de trámite que dejaron “a toda esa gente sin poder pagar sus facturas”.
Posteriormente, el magistrado del caso dio la razón a decenas de víctimas que ahora suman ya 26.000 personas.
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