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Parlamento de Nicaragua impedirá a la oposición participar en los comicios de 2021

La disposición evita postularse para cargos públicos a quienes el Gobierno considere “golpistas”. Entidades de DD. HH. indicaron que la norma ayudará a afianzar la dictadura.

El presidente de Nicaragua, que gobernó en la década de 1980 y retornó al poder en 2007, aspira a una tercera reelección consecutiva. Foto: EFE
El presidente de Nicaragua, que gobernó en la década de 1980 y retornó al poder en 2007, aspira a una tercera reelección consecutiva. Foto: EFE

Este lunes 21 de diciembre, el Parlamento de Nicaragua, sometido por el régimen de Daniel Ortega, aprobó por amplia mayoría una ley que inhibe la participación de la oposición en las elecciones del próximo año.

En una sesión extraordinaria, la bancada de 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobó la llamada Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Mientras que 14 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra por considerarla “inconstitucional”.

La controversial medida imposibilita postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el Gobierno centroamericano considere “golpistas” o “terroristas”, pese a que la actual Carta Magna decreta plenos derechos de participación política a todos los pobladores.

Según el precepto, no podrán participar en las elecciones generales de 2021 quienes “encabecen o financien un golpe de Estado…, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares…, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

Todos ellos “serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, indica el documento aprobado.

El mandatario nicaragüense calificó de “golpistas” y “terroristas” a los opositores en las protestas que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 fallecidos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la opresión del estado, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El directivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, declaró que el presidente debería ser “el primer inhibido” por la nueva ley. “A quien tendrían que aplicar una ley de este tipo es a Daniel Ortega, por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido y el daño que ha provocado”, indicó.

En tanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), advirtió el domingo pasado que la ley viola abiertamente el derecho humano a la participación política y apoyará a consolidar la dictadura del jefe de Estado.

“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones... perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones. Ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, sostuvo Ortega que gobernó en la década de 1980, regresó al poder en 2007 y busca una tercera reelección consecutiva.

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